Sindeu y Administración discuten nuevo texto de garantías laborales

Propuestas sobre anualidades obstruyen negociación de Convención Colectiva

Mientras el Sindeu aboga por el mantenimiento del porcentaje vigente, la Administración plantea una propuesta de anualidad escalonada.

Tras acordar una prórroga de la fecha límite  para la negociación de  la Convención Colectiva de la Universidad de  Costa Rica (UCR) hasta septiembre,  tanto la Administración como el Sindicato de Empleados Universitarios (Sindeu) trasladaron ahora su preocupación hacia el punto más conflictivo del proceso: la discusión sobre  el porcentaje de anualidades para los  trabajadores.

Este tema, que ha estado en discusión en diferentes instituciones públicas del país en los últimos años, genera  discrepancias entre ambas partes.

A  pesar de que aún no entran a discutir  aspectos puntuales de las propuestas.

Mientras el Sindeu propone man- tener la anualidad vigente del 5,5%,  la Administración universitaria aspira a una rebaja escalonada.

La propuesta de la Administración es conservar el 5,5% para quienes cumplan entre uno y cuatro años  de servicio; bajarlo al 4% durante el  quinto y sexto año; al 3% para quienes laboren de siete a 30 años, y que  de 30 años en adelante la anualidad  se mantenga en el 1%.

El vicerrector de Administración,  Carlos Araya, afirmó que esta medida  se toma por la necesidad de disminuir  la masa salarial de la institución,  pues estos egresos están creciendo a  mayor ritmo que los ingresos y descartó que sea por presiones políticas  referentes al déficit fiscal.  “En febrero del 2013 creamos  una comisión para que analizara la  situación salarial, en ese momento  no habían entrado los diputados que  están generando presión en materia  de empleo público”, manifestó.

Asimismo, explicó que las anualidades permiten que la UCR ofrezca  salarios atractivos en el mercado laboral, y que su propuesta busca mantener ese incentivo sin arriesgar el  bienestar económico de la institución.  “Para compensar ese efecto de  salarios de contratación, que no  son del todo competitivos, durante  los primeros años podemos tener un  porcentaje de anualidad mayor, que  haga que al año siete los salarios  lleguen a ser muy competitivos, pero  que a partir de ahí no siga habiendo  diferencias, como se está generando  en este momento”, declaró Araya.

Aunque la Convención Colectiva  vigente indica una anualidad del 3%, en el 2009 el Consejo Universitario  (CU) aprobó un aumento hasta el  porcentaje actual.  Por otra parte, el artículo 12 de la  propuesta de texto sustitutivo del Sindeu, señala que el 5,5% se debe man- tener “conforme con las prácticas  ya establecidas por la Universidad”.

La secretaria del Sindeu, Rosemary Gómez, alegó que “ese 5.5% está  protegido por la actual Convención  Colectiva y es un derecho adquirido”.

Según el Sindeu, la propuesta de  anualidad escalonada de la Administración busca castigar a las personas con más años de laborar para  la institución. “Yo puedo interpretar  que se castiga al más antiguo, pero  también puedo interpretar que es  un mecanismo para que la gente se  pensione más rápido”, dijo Gómez.

Por su parte, Araya consideró  que el sindicato se opone a un nuevo sistema de anualidades porque  están “alejados de la realidad de la  Universidad, del país y del mundo”.  Desde el Sindeu ponen en duda la  tesis de la crisis, pues afirman que  la Universidad da indicios de tener  unas finanzas sanas y estables, refiriéndose a las inversiones que se han  hecho en infraestructura. “Hasta la  fecha (…) no tenemos estudios que nos  demuestren que la situación cambió”,  aseguró Gómez.

En términos financieros, la Administración también propone cambios  en la fórmula de aumento salarial por  costo de vida. El método actual, en uso  desde 1996, paga por adelantado el  incremento anual en inflación, basado  en las previsiones del Banco Central.

La Administración universitaria  plantea un ajuste semestral del salario basado en la tasa de inflación  acumulada durante el semestre anterior, y mantenerlo igual cuando la  inflación sea negativa. En contraste,  el sindicato no sugiere cambios al  modelo actual.  “En 1996 teníamos una realidad  financiera muy diferente. La tasa de  inflación fácilmente se acercaba al  20%, en este momento tiende a 0%”  dijo Araya.

Según expuso, las estimaciones del Banco Central en los años  recientes han sido más altas que la  tasa final de la inflación, lo que provocó, en los últimos dos años, un aumento real de sueldos de casi 8%. Según  Araya, “eso no es sostenible, para  esta, ni para ninguna institución”.

Además de mantener una anualidad del 5,5%, el Sindeu propone  aumentar el tope a la cesantía de 15  a 20 años, subir los días de vacaciones  de acuerdo con los años trabajados,  y los subsidios por incapacidad.

Lo  anterior busca que sean del salario  completo por todos los días que dure  incapacitado el trabajador, mientras  que en la Convención actual se pagan  completos solo los primeros tres días.

La Administración pretende disminuir los tiempos sindicales de 15  a 10, otorgar permisos por goce de  salario de 35 días calendario a quienes posean licencia por maternidad;  mientras que el sindicato propone  15 días hábiles, brindar licencia por  paternidad por 15 días en lugar de  apenas dos días de la Convención vigente, reforma que la Administración  comparte con el Sindeu.

Carlos Araya destacó las propuestas de la Administración en derechos  humanos y permisos para los empleados de la Universidad. “A mí no me  gusta reducir el tema de Convención  Colectiva a anualidades. En reconocimientos de derechos traemos elementos importantes como equidad  de género y derechos de las parejas  del mismo sexo”, aseveró.

Consultados sobre sus propuestas  específicas referentes a estos temas,  en el Sindeu evitaron entrar en detalles pues primero analizan sus argumentos con las bases y luego en el seno  de la Comisión negociadora.

Además, agregaron que en las próximas semanas harán un pronunciamiento oficial  sobre la propuesta de texto sustitutivo  que presentaron.

DIFERENCIAS POR LA JUNTA

Otro punto de desencuentro es  la propuesta de la Administración  de sustituir la Junta de Relaciones  Laborales por el Órgano Director del  Proceso de Instrucción (ODPI), una  especie de tribunal en el que ninguna  de las partes tendrá injerencia en los  procesos que se manejan.

La Junta de Relaciones Labora- les está integrada por miembros del  Sindicato y de la Administración, y  se encarga de asuntos relacionados  con sanciones disciplinarias, aplicación errónea de las cláusulas de la  convención y actos que el trabajador  considere afecten sus derechos.

El texto de la Administración  propone que sea el ODPI el órgano que tome esas funciones, que  formaría parte de la Oficina de  Recursos Humanos de la Universidad, con autonomía, independencia funcional e integrado por tres  abogados.

De acuerdo con la propuesta, el  Sindeu podrá seguir defendiendo a  los funcionarios, pero no intervenir  directamente en los procesos.  “¿Por qué eliminar eso (la Junta)  si no se ha dado un solo argumento?  Obviamente tenemos que estar en  desacuerdo.

El sistema que sustituye  no es el más óptimo y es más administrativo y sancionatorio”, aseguró  Rodrigo Aymerich, secretario de  conflictos del Sindeu, en referencia  a la propuesta de la Administración.

Para Araya, la Junta de Relaciones Laborales no es un órgano equilibrado en la resolución de problemas,  debido a que el Sindeu se constituye  en “juez y parte” de cada proceso, al  brindar un abogado al trabajador y a  la vez influir en la toma de resolución  del conflicto.  “Sindeu tiene derecho a defender al empleado, pero no a juzgarlo,  por eso se busca que el ODPI sea un  órgano independiente”, manifestó.

Las reuniones entre las partes  continuarán cada martes y, según  las estimaciones, en seis meses se  acordará una nueva convención  colectiva.

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