Sobre la base de datos y cómo se llegó a las conclusiones

Por Hulda Miranda Picado y Alejandro Fernández S. || huldamp@gmail.com y afernandezsanabria@univision.net
Por Hulda Miranda || huldamp@gmail.com

La investigación sobre la Defensa Pública en Costa Rica nació a partir de una pregunta: ¿existe una asociación entre el tipo de abogado que defiende un caso penal y la probabilidad de condena al imputado que defiende?

Responder esa inquietud en América Latina es prácticamente imposible dada la sistemática ausencia de datos oficiales estructurados para ese fin. Pero en el pequeño país centroamericano este trabajo era más factible.

El Poder Judicial de Costa Rica dispone de abundante información pública, no sistematizada, que permitió realizar la primera prueba en la región.

Una decena de periodistas y abogados de costarricenses construimos desde cero, por cuatro años, una base de datos suficientemente sólida para iniciar la exploración. Tomamos todas las sentencias judiciales del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, entre el 2004 y el 2013, y extrajimos múltiples variables.

La base de datos cuenta hoy con información parcial o total de 11.183 delitos, distribuidos en aproximadamente 8.000 sentencias.

Para el análisis, Univision Data utilizó un método estadístico de uso muy frecuente en las ciencias sociales, pero prácticamente inexplorado por las salas de redacción periodísticas, llamado regresión logística.

Esa herramienta estima la probabilidad de condena, absolución y sobreseimiento de los acusados cuando tienen defensores públicos o privados, excluyendo la influencia que pueden tener en el resultado de un proceso penal diversos factores. Entre ellos el tipo de delito que se acusa; los años de experiencia de los abogados defensores, jueces y fiscales que participan en el proceso; el género de la víctima; el del imputado; si el proceso judicial es ordinario o abreviado (una variable usada para representar casos en los que el imputado tiene prueba contundente en contra o no) y si el acusado es nacional o extranjero.

De esa forma, el estudio intenta definir cuánto de la probabilidad de ser condenado en un proceso penal está explicado por el hecho de que alguien no pueda pagar su propio abogado y se le asigne uno del Estado, frente a la opción de utilizar un defensor privado.

Bajo tal metodología, la investigación también examina si el tipo de delito asociado con los usuarios de la Defensa Pública explica la desventaja de los abogados públicos que se desprende del análisis.

Por ejemplo, un argumento posible para explicar el peor rendimiento de los defensores estatales frente a los privados, es que las personas de bajo ingreso que cometen delitos contra la propiedad en sitios públicos, como hurtos o robos, pueden ser condenados con más facilidad.

La concentración de esos crímenes entre los abogados públicos es indudable. Según la base de datos, de todos los delitos contra la propiedad procesados, el 70% tuvo una defensa pública.

Nuestro análisis demostró que la mayor probabilidad de condena de los abogados pagados por el Estado es invariable, sin importar la concentración de ciertos delitos en este grupo.

 

Limitaciones del estudio

Nuestros resultados deben interpretarse con cautela. Esta investigación no concluye que los defensores públicos son los causantes directos de que sus clientes sean condenados con más frecuencia que quienes tienen un defensor privado. Otros factores que no contempla el modelo pueden explicar, al menos en parte, la desventaja.

Por ejemplo, el hecho de que los defensores públicos no pueden seleccionar los casos que defienden, mientras los privados sí lo hacen.

Tampoco es válido generalizar los resultados a todo el país, sino al área metropolitana donde se hizo el estudio, en este caso el Segundo Circuito Judicial de San José.

Los resultados sí sugieren, por primera vez, la posibilidad de que el servicio de la Defensa Pública de Costa Rica –considerada modelo a nivel latinoamericano– no contraresta el peso del estatus económico de los procesados penales en la administración de justicia.

 

Sobre la base de datos

Nuestro objetivo es llenar un vacío informativo que una institución como la Defensa Pública de ese país, con un presupuesto anual de $56 millones, no ha querido llenar.

Esta base de datos es la primera en su tipo y es el mayor esfuerzo que se ha hecho en Costa Rica para comparar el rendimiento de un abogado público y privado.

Es posible que se encuentren algunas inconsistencias porque, en primer lugar, la fuente original de toda la información, las sentencias judiciales, muestra ciertas imprecisiones. En segundo lugar, porque pese a los controles aplicados, ninguna base de datos de este tamaño está libre de errores derivados del trabajo humano (se trata de 8.000 sentencias en las que se procesaron 11.000 delitos). Y en tercer lugar porque no existen suficientes datos oficiales, que permitan hacer control cruzado de algunas variables.

Hemos decidido publicar nuestro estudio, a sabiendas de que tal base de datos es perfectible, por tres razones:

 

  1. No tenemos indicios de que los posibles errores existentes sean masivos e impliquen que los resultados centrales del modelo cambien drásticamente.
  2. Por encima del sistemático desinterés mostrado por la Defensa Pública costarricense por generar estadísticas que posibiliten evaluar el rendimiento de sus abogados y compararlo con el de quienes defienden a lo más adinerados, y de la incapacidad del Poder Judicial para redactar sentencias con información completa y precisa, está la necesidad de que los ciudadanos conozcan y discutan sobre un tema de tal relevancia. La desidia en la gestión institucional es tan peligrosa que no solo tiene la capacidad de impedir que los poderes públicos se auto evalúen ante la falta de indicadores estadísticos básicos, sino que, a su vez, esa displicencia puede ser utilizada por esos mismos poderes para su propio favor, con el fin de entorpecer los esfuerzos privados y voluntarios por fiscalizar con buena fe el trabajo estatal, como lo procura Univision Noticias en esta investigación.
  3. El periodismo debe aspirar a un altísimo grado de certeza de lo que publica, y es este caso no es la excepción. Pero, nuestro estudio utiliza métodos de investigación social, y en las ciencias sociales suele ser imposible llegar a niveles de certeza absoluta. Más aún cuando se abordan problemas de investigación de tal complejidad. Muchas veces la generación de conocimiento y debate público en un área comienzan con llegar a conclusiones a partir de lo mejor disponible en un momento concreto.

 

Detalles sobre el proceso de depuración

Construir una base de datos tan extensa, durante un largo período y con un grupo de personas trabajando simultáneamente, origina errores de digitación humanos.

Para minimizar estos riesgos, el equipo recurrió en el último año, cuando era posible, a realizar una serie de controles cruzados como:

Se cotejó la clasificación con una lista de defensores públicos.

Se indagó en el Colegio de Abogados el status del abogado.

Se solicitó una base de datos (reporte) generado por el sistema oficial de estadísticas del Poder Judicial, SIGMA, para ese despacho, contra el cual se verificaron algunas sentencias para completar información. Aunque la utilidad es limitada porque también este sistema tiene vacíos y solo está disponible para años recientes, no para toda la década analizada.

Habría sido posible recuperar aún más información consultando los expedientes físicos que se mantienen archivados en el tribunal bajo estudio, pero el acceso a ellos fue denegado, con fundamento en una resolución del Consejo Superior (sesión 76-16, del 11 de agosto del 2016, utilizada como argumento por el juez coordinador de ese Tribunal)

En los casos de duda, en el que el defensor aparecía clasificado como público y privado (tenía ambas situaciones en los diez años analizados), este dato se cotejó llamando por teléfono a muchos de ellos, se revisaron sentencias de otros despachos, en especial de la Sala Tercera para corroborar su condición en fechas cercanas a las que había intervenido en el Tribunal Penal de Goicochea y se realizaron búsquedas en Internet. Como resultado se corrigieron errores en donde la sentencia no coincidía con la base de datos, o la sentencia contenía datos incorrectos (220 casos corregidos, que representan poco más del 3% de la base de datos).

En los casos donde la duda persistió y no se ubicó al abogado en ninguna otra fuente, se optó por eliminar el delito. Después de estas depuraciones la base utilizada para el modelo incluyó 6.584 delitos.

Los modelos de análisis se calcularon antes y después de las depuraciones, manteniéndose las tendencias generales de la investigación en ambos casos. Incluso, el equipo estadístico del Programa Estado de la Nación realizó un estudio de 100 rutinas en las que simuló la eliminación de aproximadamente unos 680 casos (no los tomó en cuenta), y las tendencias centrales del modelo se mantuvieron.

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