Filtración de información pretende revertir fallo contra mina Crucitas

La filtración del borrador del proyecto de sentencia de la Sala Primera, en el cual aparentemente se confirmaba la resolución que impedía la explotación

La filtración del borrador del proyecto de sentencia de la Sala Primera, en el cual aparentemente se confirmaba la resolución que impedía la explotación de la mina Las Crucitas en Cutris de San Carlos, confirma la injerencia de intereses particulares en una decisión judicial que reviste gran trascendencia para el país.

Las aspiraciones de la empresa de capital canadiense, Infinito Gold, para explotar una mina a cielo abierto toman un nuevo aire, ya que a la filtración de información que llevó a cabo uno de los magistrados suplentes y que terminó en manos de la firma minera, se suma una acción de inconstitucionalidad en contra del juicio que trajo abajo la concesión y los derechos de explotación de la empresa, interpuesta por Juan Carlos Hernández Jiménez el pasado viernes 11 de noviembre.

El recurso aduce que no es materia de jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolver sobre cosa juzgada por la Sala Constitucional.

También se unen la denuncia del exvocero de Industrias Infinito, William Méndez Garita, quien responsabilizó directamente con la sustracción del documento de borrador a un magistrado suplente de la Sala Primera, quien había participado en una reunión con representantes y abogados de la empresa canadiense hace al menos un mes.

Méndez dijo a UNIVERSIDAD que advirtió a los participantes en la cita, aparentemente realizada en Lindora de Santa Anta en una casa cercana de uno de los representantes de la empresa, que la filtración del proyecto de borrador  significaría la comisión de un delito. (Ver entrevista Exvocero advirtió a empresa que cometían delito)

Al cierre de esta edición trascendió que el magistrado suplente, que estuvo en funciones en la Sala Primera, fue Moisés Fachler, quien negó cualquier participación en los hechos y posteriomente presentó su renuncia el mismo martes 15 de noviembre cuando trascendió su nombre.

Él afirmó a la prensa que su dimisión se presentaba con el fin de no obstaculizar  la investigación que realiza desde la semana pasada la Fiscalía General de la República.

Méndez declaró que en la reunión, que se  realizó a inicios de octubre en la casa de habitación de una allegada de la empresa en Lindora, se habría hablado sobre el documento mas no se planteó ninguna estrategia a seguir con la información allí indicada.

Otras fuentes dijeron a UNIVERSIDAD que en la cita estuvieron dos reconocidos abogados, uno de ellos habría participado activamente en el proceso de juicio en defensa de la empresa Crucitas y otro con asesoramientos.

Aunque este semanario le consultó a Méndez sobre dos de los nombres que se nos indicaron de manera anónima, el asesor de prensa prefirió omitir referirse a ellos mientras se investiga el caso en el Ministerio Público.

No obstante, reconoció que días después uno de los abogados que habría estado en el encuentro le pidió que diera a conocer el borrador de proyecto de setencia de la Sala ante la prensa, a lo cual él se negó para posteriormente apartarse de los criterios de la empresa.

REVERTIR SENTENCIA

El abogado de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), Bernal Gamboa, expresó que este tipo de hechos son “maniobras” de la contraparte demandada que pretenden echar abajo la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y de Hacienda, debido a la falta de criterios técnicos favorables. “Es tan preocupante la situación para ellos que se logran exponer a tanto, si no lo fuera no lo hacen”, consideró Gamboa.

“La única manera de hacer caer un velo de duda sobre la labor de estos magistrados es sacándoles un borrador de la sentencia por un tercero”, comentó Gamboa al destacar la transparencia de los magistrados propietarios de la Sala I.

Álvaro Sagot uno de los abogados demandantes señaló que el objetivo de filtrar el proyecto es hacer desconfiar a la opinión pública hacia el Poder Judicial y generar toda una campaña de miedo sobre lo que resolvería la Sala I.

Ambos representantes del sector ambiental durante el juicio contra la mina Crucitas, denunciaron que la estrategia es que alguna de las partes recuse a los magistrados propietarios de la Sala I o que en su caso la Corte Suprema emprenda una investigación de oficio para apartarlos del caso, y con ello nombrar magistrados suplentes que se encargarían de resolver el tema.

Edgardo Araya,  representante de la Asociación Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), opinó que sería muy grave que se cambie la integración de la Sala con el único afán de variar su criterio para tratar de conformar otro que piense como empresa.

El biólogo Jorge Lobo, quien está demandado por Industrias Infinito y otro de los cuatro demandantes contra la empresa durante el juicio contencioso, expresó que lo sucedido en torno al caso Crucitas dejó de ser una simple demanda en contra de una compañía transnacional y los impactos ambientales  para convertirse en una lucha por la soberanía e institucionalidad costarricense.

Hechos como los denunciados, apunta Lobo, evidencian que detrás de todo esto existen “mafias políticas”, pero dijo a la vez que ésta es una oportunidad para que la población se indigne y tome cartas en el asunto.

“Lo que ocurra ante esto dependerá de la respuesta de la gente para que “estos” no cumplan su cometido de desestabilizar la Sala para cambiar magistrados”.

En esta mina la empresa canadiense pretendía extraer más de un millón de onzas de oro, las cuales están valoradas en el mercado en $2000 la onza, con lo cual se generaría una ganancia superior a los $2.000,000.000.

El caso Crucitas se encuentra suspendido en la Sala I, al presentarse la acción de inconstitucionalidad por parte del abogado Juan Carlos Hernández, representante de Industrias Infinito.

Dicha empresa expresó en un comunicado de prensa el pasado sábado 12 de noviembre, que avalaban las investigaciones que se realizan en la Sala I por el Ministerio Público, al tiempo que lamentaron el atraso que podría sufrir la resolución del proceso judicial debido a estos cuestionamientos.

Indicaron que ahora valoran la opción de implementar acciones a partir del mes de enero del 2012. Posteriormente, se dio a conocer la acción de inconstitucionalidad presentada el pasado 11 de noviembre.

La única vía que se señala es recurrir a un arbitraje internacional, según se dice en el boletín: “los hechos deberán ser valorados a la luz de los principios constitucionales, internacionales y legales que protegen la inversión extranjera y garantizan el debido proceso”.

 


Un exmagistrado de tinte verdiblanco

Moisés Fachler ha tenido una amplia y reconocida militancia en el Partido Liberación Nacional (PLN).

Él fue tesorero de campaña de Rolando Araya cuando se enfrentó al expresidente Abel Pacheco en el período 2002-2006. Anteriormente se desempeñó como subsecretario del PLN, cargo que abandonó para asumir la tesorería de la campaña arayista. También fue integrante de la juventud del PLN durante la década de los 80.

Moisés Fachler negó haber entregado algún documento del expediente de la setencia de la Sala I, aunque admitió que fue a una fiesta a la casa del jerarca de Industrias Infinito, Juan Carlos Obando, condenado a un año de prisión por la dádiva ofrecida al alcalde de Aserrí, Mario Morales, para favorecer a la empresa canadiense de recolección y depósito de desechos EBI Berthiere.

Cuando Fachler fue postulado a la Sala I de la Corte como magistrado suplente, apoyado por la bancada de Liberación Nacional se declaró como una persona con buena formación ética y moral.

 


 

Magistrada Presidenta de Sala I

“Por este motivo no nos vamos a separar del caso”

Anabelle León Feoli, magistrada presidenta de la Sala I, defendió la labor realizada por los cinco integrantes que conforman este órgano de la Corte Suprema, Feoli sí reconoció que lo sucedido es algo penoso, y que ahora tendrán que buscarse los responsables para que estos asuman las consecuencias penales del caso.

A continuación un extracto de la conversación con la magistrada, Anabelle León.

¿Qué contenía el documento que se filtró de la Sala?

-Lo que tiene es una propuesta de proyecto, en el sentido de que lo que ha venido trabajando la Sala, además contenía antecedentes del caso, la puntualización de los cargos; por lo que hablar de que era un documento definitivo es mentira, pero sí es proyecto que avanza sobre los recursos de casación.

¿Qué tan grave es este hecho?

-El documento en sí no significa un voto o sentencia, es más un documento de trabajo, una primera parte. Lo que sí es que es penoso y lamentable es que a nivel de la Sala de alguna forma, si es que se llega a determinar, este haya cogido otra ruta. ¿Quién lo generó?, y ¿Con que propósito?, no lo sabríamos, pero sí estamos firme en dar todo el apoyo al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial en el proceso que ahora se emprende.

¿La filtración se da por algún miembro de la Sala?

-Este documento sigue la ruta que cualquier proyecto que nosotros manejamos para la resolución de los casos; aquí están asignados para esto dos letrados y los cinco magistrados. No descartaría que cualquiera de nosotros se lo hubiera pasado a la secretaria para que se lo imprimiese, a pesar de que ya estaba impreso, en fin hay otras circunstancias.

¿Podría esto generar una recusación de los magistrados que los aparte del caso?

– Nosotros por este motivo no nos vamos a separar del caso, eso no quiere decir que algunas de las partes pueda plantear sobre eso alguna gestión de que nos separemos vía recusación en cuyo caso no nos tocará a nosotros resolverlo.

¿Qué tanta presiones tienen los integrantes de la Sala I?

-Ninguno de los cinco integrantes, y así lo hemos conversado, ha recibido alguna llamada o a algún intermediario, por lo que para nosotros esto no ha representado ninguna presión.

 


 

Exvocero de Industrias Infinito:  “Les advertí que estábamos ante la eventual comisión de un delito”

William Méndez Garita, periodista y hasta el pasado 12 de noviembre vocero de la empresa minera en Las Crucitas, Infinito Gold, dijo que advirtió en una reunión con representantes y abogados de la empresa canadiense hace al menos un mes, que estaban ante la posibilidad de cometer un delito por poseer el documento de borrador del proyecto de sentencia de la Sala I.

A continuación un resumen de la entrevista dada a UNIVERSIDAD el pasado martes 15 de noviembre.

¿Debido a la renuncia del magistrado suplente Moisés Fachler se podría presumir que fue él quien facilitó el documento de borrador de la sentencia en la reunión?

-El Ministerio Público es el que lleva toda la investigación, ellos son los que tendrían que confirmar o negar la participación de algunas personas; lo que sí puedo confirmar es que en mi declaración ante este Ministerio hice mención de un magistrado suplente.

¿Este magistrado puso el documento de borrador frente a todos ustedes durante la reunión?

-Este magistrado estaba en el lugar en el que estaba el documento, situación que yo señalé que era indebida y advertí a la gente que estaba ahí, que estábamos ante la eventual comisión de un delito.

¿Se le ofrece a usted en esta reunión que dé a conocer este documento a la prensa?

-Posteriormente se me hace la recomendación de que filtre a la prensa este documento sin ninguna explicación, sin ninguna lógica o sentido, lo que yo rechacé inmediatamente; no podía aceptar esto.

¿Por qué?

-Ya para ese momento había llegado a una conclusión: que la primera reunión había sido un acto indebido; yo no estaba dispuesto a continuar esa cadena, y hacer lo que me solicitaron era hacerle un daño muy grande a la institucionalidad  de este país. No acepté hacer esto y presenté mi primera renuncia, porque al cabo de una semana renuncié dos veces.

¿Cuál era el objetivo de sacar a la luz pública esto?

-No entendí la lógica de esto; supongo que creían que podían repetir lo mismo que ocurrió con el famoso memorándum (memorando Casas-Sánchez, 2007), pero me parece que las circunstancias históricas no tienen ese nivel de comparación, ni hubiera tenido la misma repercusión, y más bien hubiera sido hacerle un daño al Poder Judicial.

¿Pretendían revertir la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo?

– No sé si en realidad eso de una u otra manera podría revertirlo o no; a mí me parece que todo lo que ha ocurrido durante este periodo no tiene ninguna explicación lógica. Me parece que han sido torpezas y estupideces que no sé de dónde salen, pero son errores muy graves.

¿Fue esto un acto planificado?

-Yo diría que es un acto contrario a la ley, y por ende significa que quienes participan del mismo pueden hacerlo de dos maneras: una voluntario, otra involuntaria; ustedes pueden escoger la de cada persona en esa reunión.

¿En alguna ocasión este magistrado suplente dijo quién le había facilitado el documento?

-En realidad nunca supe yo de quién recibió él este documento, o como lo obtuvo. Espero que quien nos entregó este documento precisamente dé las explicaciones y revele la fuente o la forma sobre cómo lo obtuvo.

¿Se dice que este documento ratificaba la sentencia del Tribunal Contencioso?

-Lo que sí vi fue la carátula y recuerdo que en algún momento determinado vi una parte en la que se señalaba como un criterio adicional; era como una parte de un anexo de indicaciones específicas de algún magistrado. En su momento en la reunión quienes leyeron el documento dijeron que era un voto salvado.

¿La reunión versó sobre el documento?

-Puedo decir que la reunión fue una discusión sobre el documento.

¿Y las estrategias?

-Ahí no se tomó ninguna estrategia; técnicamente los abogados de la empresa se llevaron los documentos para estudiarlos, luego hubo varias semanas de silencio.

¿Por qué este silencio?

-Creo que nadie quería hablar sobre eso.

¿Recibió algún trato diferente luego de negarse a acatar la orden de la empresa?

-Hice varias notas durante las últimas semanas, y ya les había advertido personalmente que estaban ante la comisión de un delito, y que se estaban exponiendo a una situación muy peligrosa ante la opinión pública; obviaron mis notas y me separaron de cualquier relación con la parte legal.

Esto me lo hacen saber a través de sus abogados, por lo que además confirman que ellos han depositado toda su confianza en sus estrategas legales. Estoy hablando de los representantes canadienses; yo les hice una advertencia de que tenían que separar a sus abogados del caso.

¿La acción de inconstitucionalidad que presenta uno de los abogados de la transnacional el pasado viernes, tiene relación con la infiltración de este documento?

-A mí lo único que me notificaban era lo que iban a hacer; las razones las desconozco; el departamento legal no me daba ninguna razón.

¿Pero se habló antes de conocer el documento sobre una posible acción de inconstitucionalidad?

-No, yo creo que al final los abogados deberán dar a conocer por qué hicieron cada cosa; lo que pueda hacer yo son suposiciones.

¿Por qué se exponen a tanto?

-No sé en realidad.

¿Se imaginó que era tan frágil vulnerar la Sala?

-No puedo generalizar; si un juez se equivoca no todos son iguales; creo que tenemos magistrados muy valiosos. Esto es más un caso extraño,  una excepción a la regla y no la regla; espero que sea así, y que además quien quiera andar en estos pasos se atenga a las consecuencias.

¿Tienen tanto poder las transnacionales?

-No creo; este país está hecho por gente muy educada, y tenemos además una prensa que puede decir lo que quiere, y por ello la gente no traga cuento tan fácilmente.

¿La empresa lo expuso al hacerlo participar en la reunión?

-Sí, claro, al convocar a una reunión y participar de un acto que yo creo que es contrario de cualquier servidor público o privado.

¿Por qué su silencio casi un mes?

-La situación es tan compleja que cuando uno la recibe entra en un estado de sorpresa; uno lo que hace es tener una actitud de distancia para sopesar lo que está ocurriendo, y comprenderlo; es que no se entiende de la noche a la mañana. A mí me costó entender esto, pero cuando ya me di cuenta, y vi las manifestaciones, no me quedaba otra obligación personal y para con el país que presentarme en el Ministerio Público.

Lo más fácil era quedarme callado, y luego tratar de no quedar implicado, pero ¿qué pasa después en Costa Rica?, ¿qué pasa si no se da a conocer esto?

¿Quién tiene más intereses que este proyecto camine, la empresa o gente con intereses políticos en el país?

-En realidad esta es una empresa extranjera, por lo que creo que los que van a perder son los inversores que ponen la plata en los puestos de bolsa internacional; no hay un financista único; los que pierden son los que iban a poner o los que la han puesto.


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