Cinco años después… Fiscalía acusa a 26 personas en caso de trocha fronteriza

Empresarios presentaron documentación con datos falsos para hacer cobros

Cinco años después de que la entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla, denunciara que funcionarios y particulares había cometido anomalías durante la construcción de la   trocha fronteriza 1856, la Fiscalía informó hoy de que finalmente está lista la acusación contra 26 personas y que será presentada en los próximos días.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el propio fiscal general, Jorge Chavarría.

En la acusación figuran el exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi),  Carlos Acosta Monge, y los funcionarios de esa institución, Miguel Ramírez Marín y Manuel Serrano Alvarado.

También están acusados tres hombres que simulaban ser ingenieros, 18 empresarios y dos mujeres que son esposas de dos de estos sujetos.

Para realizar los hechos delictivos, los empresarios, en complicidad con los empleados públicos, supuestamente presentaban documentos que indicaban que pusieron maquinaria a trabajar en la trocha; sin embargo, en esos momentos, la maquinaria estaba en otro lugar, o se registraba una misma máquina haciendo dos tareas distintas a las mismas horas.

Los delitos que se atribuyen en la acusación son peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia en contra de la hacienda pública y legitimación de capitales.

La Fiscalía espera que la Procuraduría realice la solicitud de acción civil resarcitoria antes de que finalice el mes para presentar la acusación. Se estima que el daño para el Estado fue de ¢1.200 millones.

Sobre el tiempo que tardó esta investigación, Chavarría argumentó que se trató de un proceso complejo en el que se realizaron 58 allanamientos y otras gestiones como levantamientos de secreto bancario.

No obstante, también alegó que el proceso penal en Costa Rica debe “ajustarse”.

“En todos los países estos procesos se hacen en tiempos razonables, pero en este país es imposible. Cinco años para presentar la acusación, ahora vamos a ver cuánto transcurre para que se pronuncien los tribunales, probablemente se lleven otros cinco años”, manifestó.

La construcción del camino de 160 kilómetros en la frontera norte se inició con un decreto de emergencia del Gobierno de Chinchilla  ante la invasión de Nicaragua a isla Calero, en el 2010.

Las irregularidades que se presentaron hicieron que la mandataria Chinchilla pidiera la renuncia al entonces ministro de Obras Públicas, Francisco Jiménez.

Al inicio de la investigación, el Ministerio Público indagó a 46 personas.

La Fiscalía descartó que hubiese evidencia en la pesquisa para acusar a altos mandos por este caso.

Entre tanto, y pese a ¢45.000 millones invertidos, la trocha fronteriza sigue siendo un extenso camino sin terminar.

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