Encuesta revela desconocimiento para denunciar corrupción en sector público

CGR halló ignorancia y falta de voluntad para concretar denuncias de corrupción

Temor a represalias e incredulidad sobre posibles cambios son principales causas que se alegan para no denunciar.

El 79% de quienes admiten ser testigos o conocen a testigos de actos de corrupción en el sector público, prefirieron no presentar denuncia alguna.

Al menos así lo revela la Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción 2017, realizada por la Contraloría General de la República (CGR) y divulgada el pasado 4 de mayo.

La indagación se realizó vía telefónica a 3.208 personas, de las cuales 2.171 fueron ciudadanas y ciudadanos, 605 funcionarios públicos y 432 oferentes de bienes y servicios.

La principal razón para no denunciar un acto de corrupción es el miedo a sufrir represalias, con un 28%; mientras que el segundo lugar -con un 22%- obedece a “no ver algún cambio” y en tercer lugar el desconocimiento del trámite de denuncia, con un 16%.

De hecho, el 83% de las personas encuestadas no sabe cómo llevar a cabo una denuncia ante un acto de corrupción. Sin embargo, el 74% considera que el sector público no realiza una buena labor para evitar que se den actos de este tipo.

Más preocupantes son los resultados al respecto arrojados por la consulta específica a quienes laboran en el sector público. El 41% dijo desconocer un canal para hacer denuncias, mientras que el 47% expresó desconfiar de esos canales para denunciar.

En declaraciones difundidas a la prensa, la contralora Marta Acosta definió la corrupción pública como “el abuso de poder para el beneficio propio, tanto directo como indirecto del corrupto o del grupo al que pertenece”. Añadió que la corrupción implica el incumplimiento de normas jurídicas o éticas, así como comportamientos que anteponen el interés privado al interés general.

“Necesitamos más liderazgos y personas comprometidas que den la debida importancia a los valores necesarios para evitar la corrupción. Entendemos por corrupción pública”, acotó.

De manera irónica, al mencionado hecho de que el 83% no sabe cómo denunciar se le contrapone que un 86% de los entrevistados considera que la sociedad costarricense es tolerante ante la corrupción.

Al mismo tiempo, cuando se preguntó por los mecanismos para evitar la corrupción, el primer lugar con un 23% lo ocupa la denuncia.

Acosta hizo un llamado a trabajar no solo en la detección y sanción de actos corruptos, sino en su prevención “con mayor énfasis”. Añadió que “de ninguna manera se puede permitir que las manifestaciones de la corrupción se asuman con normalidad o indiferencia”.

La funcionaria insistió en que el beneficio social de evitar un acto de corrupción es “mucho mayor” que el obtenido con su detección y sanción. “Existe entonces un gran beneficio social al dirigir los esfuerzos públicos hacia los enfoques preventivos, los cuales han sido poco desarrollados en todos los países”, observó.

La investigación definió cuatro módulos de trabajo. En primer lugar, la percepción de la corrupción en el sector público, contestado por 1.087 personas -52% mujeres, 48% hombres-; luego la sensibilidad ciudadana ante este problema, en la que participaron 1.084 personas -52,5% mujeres, 47,5% hombres-.

Las 605 personas que participaron en el tercer módulo sobre la percepción de los empleados públicos se dividieron en 53,4% hombres y 46,6% mujeres. Finalmente la percepción entre el grupo de oferentes de bienes y servicios a la administración pública se midió tanto entre personas físicas como jurídicas.

Para cada uno de esos módulos el margen de confianza es del 95%.

La selección de la muestra partió de dos tipos de marcos muestrales en el caso de la consulta a la ciudadanía: uno para los teléfonos residenciales y otro para los teléfonos celulares. Se aplicó otro marco muestral para consultar la opinión de funcionarios públicos, y uno más en el caso de oferentes de la administración pública.

La CGR destacó, entre otros datos, que el 30% de los empleados públicos dice conocer de algún acto de corrupción en la institución donde labora.

Por otra parte, muy reveladores son los datos arrojados por las respuestas de los oferentes del Estado, el 55% de los cuales asegura que hay corrupción en las compras públicas y el 86% sostiene que los trámites son “engorrosos”, lo cual puede incidir en que se estime un pago promedio del 15% para lograr un contrato con el Estado.

POLÉMICA

Uno de los hallazgos más controvertidos de la encuesta es que la corrupción es percibida como el segundo problema nacional después de la seguridad, y que el 61% de la ciudadanía encuestada opina que ha aumentado en los últimos dos años.

Al respecto, desde Casa Presidencial se replicó con un comunicado en el que, tras destacar que se trata de un estudio sobre percepción y no actos concretos de corrupción, se subrayó que esa percepción es “especialmente sensible debido a los reiterados escándalos de corrupción que afectaron al país en gobiernos pasados y que siguen frescos en la memoria de nuestra población”.

Al mismo tiempo, desde el Poder Ejecutivo se llamó la atención a que en la encuesta de la CGR bajo el rubro de entidades públicas con mayor riesgo de corrupción, el “Gobierno o Presidencia de la República” y el “Poder Ejecutivo” recibieron menos del 6% de las menciones, “incluso por debajo del margen de error, muy inferior a las menciones de otras entidades, como la Asamblea Legislativa”.

Además, destacó que en enero pasado el país obtuvo la mejor puntuación de los últimos cinco años en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparencia Internacional.

En efecto, en enero la organización Costa Rica Íntegra -contacto nacional de Transparencia Internacional- presentó en el país los resultados de ese estudio, según el cual el país obtuvo una calificación de 58 puntos de cien, con lo cual ocupa el tercer lugar en América Latina detrás de Uruguay y Chile.

“PATOLOGÍA SOCIAL”

Mayela Cubillo, directora del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) de la UCR, explicó que una de las razones de la “mejor o mala” percepción de la corrupción es la disminución o aumento de escándalos públicos y la amplia o baja cobertura mediática, la cual “tiende a favorecer una expansión de la percepción de corrupción en el país”.

La funcionaria destacó la importancia de que la corrupción se mantiene entre las principales inquietudes de la población, junto a preocupaciones como desempleo, inseguridad o el costo de la vida.

Cubillo -catedrática de la UCR- definió la corrupción como una “patología social que se alimenta de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social”. Al respecto, expresó que es necesario “fortalecer los compromisos éticos del sector privado en sus transacciones con el sector público”, para lo cual según detalló se requiere la creación de “instancias internas de cumplimiento de estándares éticos”.

Añadió a ello que también es preciso profundizar la legislación y revisar los código de ética en el servicio público como parte de un plan nacional, terminar de debatir los cambios a la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, cerrar el portillo al conflicto de intereses, regular las actividades de lobby y la protección a testigos o denunciantes de posibles actos de corrupción.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a que la lucha contra la corrupción sea abordada desde diferentes ópticas y a que sea un eje transversal de las políticas públicas, lo cual se debe acompañar, según dijo, de iniciativas como el modelo de gestión de Gobierno Abierto y el Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense, gestionado por el propio Cicap.



Acceso a la información es transparencia

El Cicap y la Defensoría de los Habitantes mantienen el Índice de Transparencia del Sector Público costarricense (ITSP), una herramienta que mide el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la publicación de información en formato de datos abiertos en los sitios web de diversas entidades de la administración pública.

Así, la edición 2016 evaluó la disponibilidad informativa de un total de 206 instituciones, como municipalidades, consejos de distrito, empresas y entes públicos, instituciones autónomas y semiautónomas o ministerios.

Curiosamente, aunque en conjunto las municipalidades constituyeron el sector peor evaluado -con calificación inferior al promedio nacional-, el primer lugar nacional lo ocupó la Municipalidad de Palmares.

Esta información se puede consultar en la dirección http://cicap.silk.co/page/Índice-de-Transparencia-del-Sector-Público.



 

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