Papeles de Panamá:

Un año después, siguen sacudiendo al mundo

En Costa Rica, destrabaron la negociación de importantes proyectos en materia tributaria

En Costa Rica, destrabaron la negociación de importantes proyectos en materia tributaria, dieron pie a la creación de una unidad especial de investigación del Ministerio de Hacienda que anuncia sus primeros resultados para finales de este mes, y llevaron a una Comisión Investigadora a proponer leyes concretas de cara a los paraísos fiscales.

Las revelaciones hechas de manera sincronizada el 4 de abril de 2016 a las 4 p.m., hora local, por 111 medios de comunicación en 82 países, gracias al trabajo de 386 profesionales coordinados por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), fueron el acontecimiento mediático más importante de ese año.

Le costaron el puesto al Primer Ministro de Islandia, David Gunnlaugson, y expusieron los esquemas utilizados por familiares y personas de confianza de los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; de Rusia, Vladimir Putin; y de Gran Bretaña, David Cameron, para mover dinero con fines que pueden incluir la elusión legal –más no ética–, de impuestos, la evasión tributaria, el pago de sobornos o el lavado de dinero ilícito, mediante sociedades anónimas en paraísos fiscales.

Ni qué decir del más reciente impacto de los 11,5 millones de documentos contenidos en la base de datos los Papeles de Panamá, como es el escándalo por pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que ha puesto en la picota a expresidentes de varios países de América Latina, o del juicio por evasión fiscal al que fue sometida la ‘superestrella’ del fútbol, Lionel Messi, entre muchas otras personas públicas.

En nuestro país, la investigación periodística estuvo a cargo del Semanario UNIVERSIDAD y de Amelia Rueda.com, quienes realizaron sus análisis de manera independiente.

En una presentación hallada en los Papeles de Panamá, el propio bufete Mossack Fonseca promocionaba sus servicios de “creación de estructuras protectoras de activos contra: cónyuges y excónyuges (sobre todo, comunidad de bienes); actuales y potenciales personas con derechos a recibir alimentos; herederos forzosos no deseados; potenciales demandantes (clientes, proveedores, responsabilidad civil extracontractual); actores de procesos de quiebra; secuestradores/raptores; regímenes políticos peligrosos (decomisos, confiscaciones, expropiaciones); reservas federales (devaluaciones, regímenes cambiarios), y administraciones tributarias (renta, herencia)”.

Por considerar que la relación de importantes figuras públicas costarricenses con este bufete era un asunto de interés nacional, UNIVERSIDAD dio a conocer que encontró en los Papeles de Panamá menciones, registros y documentos de funcionarios y exfuncionarios públicos, como las exministras y el exministro de Obras Públicas y Transportes, Karla González, Viviana Martín y Javier Chaves Bolaños; a la exministra de Salud, María Luisa Ávila; al abogado Alberto Raven Odio, actual directivo del Banco de Costa Rica; al entonces viceministro de Transportes, Sebastián Urbina; al líder del Movimiento Libertario, Otto Guevara; a los implicados en el caso ICE-Alcatel y en un caso de defraudación del INS, Hernán Bravo y Cristóbal Zawadski; la exdiputada Joyce Zurcher; el exdirector de Tributación Directa, Adrián Torrealba; al periodista y diplomático Eduardo Ulibarri; y a empresarios de renombre como Ramón Mendiola, Manuel Jiménez Borbón, Manuel Francisco Echeverría, Álvaro González Fonseca, Armando González Fonseca, Carlos Enrique Cerdas, Sergio Egloff, Eric Koberg, Gerald Ten Brink, Hermes Navarro –quien también fue expresidente de la Fedefútbol–, Alfredo Ortuño Victory, Emilio Bruce, Leonel Baruch, quien también fue Ministro de Hacienda; a los abogados Juan Diego Castro y Gonzalo Fajardo, entre otros y otras, quienes recurrieron a los servicios del bufete panameño para solicitarle distintos servicios.

Para ello recurrieron a constituir sociedades anónimas, crear fundaciones en Panamá, constituir fideicomisos y manejar inversiones en territorios conocidos en el mundo de la ‘elusión legítima’–como dijera, en su defensa, el exdirector de Tributación Directa, Adrián Torrealba–, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Curacao, Bermuda, la Isla de Man, Sychelles, el Estado de Nevada, entre otros.

También dimos a conocer que el papel de intermediación entre la clientela costarricense y el bufete panameño fue realizado por importantes bufetes locales, como Facio & Cañas, Zurcher, Odio & Raven, Batalla y Asociados, Gonzalo Fajardo y Asociados y Arias & Muñoz.

Actualmente, la información de los Papeles de Panamá es analizada y cruzada con sus propias bases de datos por el Ministerio de Hacienda, el cual creó un equipo investigador, con el respaldo de la Asamblea Legislativa. Según dijo a UNIVERSIDAD el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, la disposición del Gobierno es la de llevar ante las autoridades competentes los casos que lo ameriten (ver: “Llegaremos hasta el final”).

Apenas la semana pasada, presentó su informe la Comisión Investigadora de los Papeles de Panamá, la cual fue creada en junio del año pasado por la Asamblea Legislativa.

En su documento, la mitad de los integrantes de la Comisión (PAC, FA, Independiente) afirma haber hallado los mismos esquemas de circulación anónima de dinero encontrados por nuestra investigación periodística.

Se trata de la simulación de préstamos por los dueños y beneficiarios finales del dinero en paraísos fiscales; el uso de sociedades fantasma para eludir el pago del impuesto a las utilidades y para evadir el pago de impuestos; y la defraudación por marca, mediante la venta y el alquiler de activos intangibles para reducir el monto a pagar por el impuesto sobre la renta (ver las infografías).

La diputada Marcela Guerrero, presidenta de la Comisión, dio a conocer que, entre los resultados alcanzados, está la introducción de tres nuevos proyectos legislativos cuyo objetivo es reducir los vacíos legales que permiten utilizar esos esquemas para eludir y evadir impuestos: uno contra la elusión fiscal; otro para reformar al tipo penal del delito de legitimación de capitales; y otro para regular a las personas jurídicas no inscritas ante la Administración Tributaria.

Además, se comprometieron a presentar otros seis proyectos de ley en un plazo no mayor a los próximos dos meses, para prohibir a altos cargos públicos realizar actividades comerciales en paraísos fiscales; retener el impuesto sobre las remesas; reformar el Código de Comercio para que se protocolicen los aportes extraordinarios de capital; bancarizar de manera obligatoria todas las transacciones de bienes inscritas ante el Registro Público; endurecer la sanción contra asesores tributarios que aconsejan mecanismos de defraudación fiscal; y para realizar reformas parciales a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

De la otra mitad de la Comisión (PLN, PUSC y ML), tres diputados emitieron un informe en el que evitan referirse a casos concretos y cuyas recomendaciones son más generales. El diputado Otto Guevara, del ML, no firmó ninguno de los dos.

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