Estudiantes de Venezuela

Respecto a la publicación realizada en la edición del pasado 22 de febrero del Semanario Universidad titulada…

Respecto a la publicación  realizada en la edición  del pasado 22 de febrero  del Semanario Universidad titulada “UCR aplicará exoneración de  matrícula a estudiantes venezolanos”, quisiera aclarar lo siguiente:

1. El estudiante de doctorado  a quien se hace referencia en el  artículo, Rafael Vilagut Vega, es  costarricense por naturalización,  por lo tanto, no le aplica el Convenio de Intercambio Cultural entre  las Repúblicas de Venezuela y Costa Rica, tal como lo confirma el  oficio N°10701-2016-DHR del 31 de  octubre de 2016 de la Defensoría  de los Habitantes.

En este sentido,  solicitamos se aclare que el Sr. Vilagut es costarricense, lo cual es deconocimiento del Semanario, pues  así lo consignaron en la publicación titulada “Defensoría reprendió  a UCR por no exonerar matrícula  a venezolanos” del 18 de enero del  presente año.

2. La UCR únicamente devolverá  los dineros cobrados a las personas  venezolanas que solicitaron la exoneración amparadas en el Convenio  de Intercambio Cultural, y a quienes  se les rechazó la petición. Lo anterior, siguiendo la recomendación  de la Defensoría, que se refiere a  devolución de “los dineros cobrados a personas de nacionalidad  venezolana” y no como sugiere el  artículo periodístico “a resarcir los  perjuicios”.

3. Pese a que las manifestaciones  a las que nos referiremos fueron  dadas por el Sr. Vilagut, deseamos  que se aclare, para la formación de  un juicio equilibrado, lo siguiente:

a) Es incorrecto afirmar que el Sr. Rector incumpliera la Ley, pues  en su momento, y con elementos  jurídicos de respaldo, se tomó un  criterio institucional para eliminar  la exoneración a estos estudiantes,  amparado en la Autonomía Universitaria que establece el artículo 85  de la Constitución Política, la cual  goza de un rango superior al convenio, según lo dispuesto en artículo 7 constitucional, no como lo  señala la publicación de referencia.

En tal sentido, el informe final de  la Defensoría de los Habitantes no  señala o califica de ilegal lo actuado. Además incorpora el criterio del  Ministerio de Relaciones Exteriores  y Culto en el sentido de que: “no hay  normativa suficiente para determinar que el Poder Ejecutivo tiene la  competencia legal para conminar  a la Universidad de Costa Rica a  dar cumplimiento a la Ley N°3740  por medio de la cual se aprobó el  “Convenio de Intercambio Cultural entre las Repúblicas de Venezuela  y Costa Rica”. Sin embargo, atendiendo las recomendaciones, no  “reprensiones” de la Defensoría de  los Habitantes, la Rectoría revaloró  ese criterio institucional y decidió  darle continuidad a la aplicación del  párrafo segundo del artículo tercero  del Convenio de intercambio cultural con la República de Venezuela.

b) Tampoco es correcto afirmar  que no se han tomado acciones administrativas, pues la Rectoría solicitó la definición de procedimientos para la aplicación del artículo  3 párrafo segundo del Convenio en  cuestión, y para la devolución de  dineros.

La Oaice envió una pro- puesta de ambos procedimientos  a Rectoría, y actualmente, como  se indicó, se está a la espera de la  aclaración de algunos detalles de  aplicación por parte de la Oficina  Jurídica.

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