Horror y negligencia en el mayor hogar infantil de Guatemala

Las llamas que mataron al menos 40 adolescentes pudieron evitarse si el Gobierno hubiera cumplido la orden de un juzgado de hacer cambios profundos

Tres meses antes, el 12 de diciembre, un juzgado metropolitano de Guatemala condenó al Estado por las violaciones cometidas contra los derechos de los menores de edad recluidos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el centro más grande del país para niños y adolescentes huérfanos, abandonados, agredidos o en riesgo.

Sin saber que el 8 de marzo se iba a materializar una tragedia que acabaría con la muerte de 40 niñas y adolescentes, la sentencia del Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana ordenó en vano que se ampliaran las instalaciones del refugio para distribuir y controlar mejor a los niños, cambiar la modalidad operativa, contratar más personal y remover a los trabajadores señalados de cometer abusos contra los internos.

El Gobierno, responsable de este hogar infantil y otros tres similares, se negó a cumplir las disposiciones judiciales antes de que un incendio consumiera las instalaciones y acabara con la vida de cuatro decenas de menores.

La Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP), el gubernamental a cargo, apelaron el fallo judicial, y se manifestaron contrarios a los informes que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), el Ministerio Público (MP) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Todas estas instituciones habían denunciado ante la judicatura de menores las precarias situaciones en que se encontraban los niños y adolescentes, y habían solicitado el cierre del mismo y el traslado de los chicos a sitios donde se garantizara su seguridad y respeto a sus derechos.

En medio de la lentitud del sistema de justicia, mientras una Sala resolvía la apelación de la SBSP, la disposición inicial del Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana se quedó en el limbo. No hubo cambios ni traslados; los niños siguieron sufriendo los vejámenes que desde 2013 denunciaban, el personal a su cargo, “los monitores” como les denominan, siguieron pegándoles y abusándolos; la alimentación que les proporcionaban era pésima y escasa; el hacinamiento se incrementaba; y adolescentes con conflicto con la ley eran mezclados los jóvenes desamparados.

El miércoles, horas después del incendio, el titular de la SBSP, Carlos Antonio Rodas, en un intento desesperado por salvar su responsabilidad, seguía negando lo que, al mismo tiempo, madres y padres de familia, empleados del Hogar Seguro y niños sobrevivientes de la tragedia, denunciaban entre sollozos en el lugar de la tragedia. “Se hacía referencia a la existencia de un gallinero como lugar físico para vejar o torturar niños, lo cual definitivamente no podemos admitirlo como Secretaría, ni como Estado, porque no existe”, decía Rodas antes de ser detenido este lunes como sospechoso de homicidio culposo e incumplimiento de deberes, junto a otros dos funcionarios. El caso mantiene sobrecogido a Guatemala, que no puede evitar considerarlo como una expresión más de la incapacidad de las autoridades frente a los duros retos sociales guatemaltecos.

El “gallinero” al que se refería Rodas —un sitio dentro del Hogar Seguro, donde según testimonios de los chicos se les golpeaba— es apenas uno de los hechos expuestos por las cinco instituciones ante el Juzgado de Menores, que en noviembre del año pasado determinaron tras investigar las denuncias de los vejámenes cometidos en contra de los niños y adolescentes internados.

Rodas aseguraba que la SBSP cumplió la resolución del juzgado, “no en el 100%” pero sí con remodelaciones de los centros e incremento de personal. “No nace de mí estar en contra de lo resuelto por juzgadores, pero hemos cumplido”, decía. Por orden de la Presidencia de la República, Santos Torres, director del Hogar Seguro (también detenido ahora), era destituido del cargo. Rodas, en cambio, aseguraba que no renunciaría, y que “tenía la conciencia tranquila” por lo ocurrido. Casi al mismo tiempo, el Ministerio Público anunciaba “una investigación exhaustiva” para esclarecer los hechos, la cual incluía la supuesta “negligencia” de parte de las autoridades por no acatar la orden judicial y los informes de las instituciones que verificaron las denuncias de los adolescentes. Fuentes de la Fiscalía también indicaron que en los próximos días darán a conocer los resultados de una investigación sobre trata de personas iniciada a mediados de 2016, en la que estarían implicados empleados del Hogar Seguro que, supuestamente, prostituían a algunas adolescentes.

La sentencia emitida en diciembre del año pasado por el Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana, también hizo referencia a casos de abuso sexual, físico y emocional, así como otro tipo de tratos negligentes del personal del refugio estatal en contra de los menores. El Juzgado estableció que se vulneraron los derechos decretados en Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, tales como el de la vida, integridad, salud y respeto, de acuerdo con Gloria Castro, defensora de la niñez de la PDH.

Castro señala que “el único avance” de parte de las autoridades del Hogar Seguro en los tres meses siguientes a la sentencia del juzgado, fue el traslado de personal denunciado por los menores. “El Estado debe priorizar en la agenda política y presupuestaria el tema de la niñez y adolescencia, brindar un presupuesto digno”, opina la defensora. Un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la organización Plan Internacional, señala que el Estado de Guatemala, entre 2007 y 2013, destinó apenas un promedio del 0,65 centavos de dólar diarios en la niñez y adolescencia del país, mientras que Costa Rica y Panamá, en ese mismo período, destinaron no menos de 4 dólares.

El fuego no acaba

La tragedia en el el hogar infantil estatal provocó en Guatemala dolor y rabia, debido la información previa sobre el mal manejo de parte del Gobierno de la República y la permisividad de abusos varios contra los menores de edad.

Una tras otra salían las ambulancias del refugio estatal. El caos imperaba en las afueras del Hogar Seguro, en San José Pinula. Una muralla de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), impedían que las personas —familiares, periodistas, curiosos— se acercaran a la puerta e intentaran ingresar atendiendo los gritos de auxilio que, a pesar del bullicio de las sirenas, se dejaba escuchar en el interior. Unos bomberos corrían con gruesas mangueras para aplacar el fuego, y otros sacaban a decenas de niñas — algunas desmayadas otras conscientes pero con las miradas perdidas, cansadas de gritar y pedir auxilio, pero aún vivas— y las subían a las ambulancias: dos, tres, cuatro chicas en un mismo carro de bomberos que con sirena abierta corrían hacia los hospitales de la ciudad.

Cada vez que ese portón se abría y un vehículo abandonaba el lugar, familiares de los internados buscaban ver lo que pasaba dentro de las instalaciones del Hogar Seguro, pero era inútil. Nadie que no fuera bombero o policía podía entrar.

“Hay muertos”, decían los bomberos, sin detenerse a explicar. En un principio informaron de nueve adolescentes fallecidas. Luego la cantidad aumentó a 17. Después del mediodía las autoridades del albergue fijaron la cifra de fallecidos en 19; se creía que todas eran mujeres pero no se podía confirmar “hasta que se les haga la necropsia”, decía un bombero. El incendio se inició en una de los dormitorios de las chicas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quiénes? Aún no se sabe. Expertos de la Fiscalía tratan de determinarlo, y de momento lo único que hay al respecto son especulaciones: Que dos niñas prendieron fuego a un colchón; que lo hicieron en protesta por los malos tratos; que empezó a las 9.00 o talvez a las 9:30.

La tragedia del miércoles 8 de marzo fue la conclusión de una revuelta organizada un día antes por los niños y adolescentes del refugio. “En mi calidad de Secretario de Bienestar Social transmito a través de los medios de comunicación, que ayer —martes— después de mediodía empezó un amotinamiento en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción; quienes participaron era adolescentes, hombres y mujeres”, relató Rodas en la conferencia.

El funcionario aseguró que unos 85 menores participaron en el motín, y que los líderes de la protesta eran adolescentes que cumplían alguna sanción por estar en conflicto con la ley penal y que después fueron ingresados por orden judicial al refugio estatal. Todos buscaban escapar, pero solo 19 pudieron hacerlo. “Desarmaron las literas y con esto amenazaron al personal”, acusaba.

El Hogar Seguro albergaba a más de 800 niños, pese a que su capacidad era de 500. Desde ayer algunos de los menores fueron entregados a sus padres y otros reubicados en distintos refugios estatales. La cifra de fallecidos aumentó a 31 en la madrugada del jueves. Apenas doce chicas habían sido identificadas. Unas 30 permanecen internadas con heridas y quemaduras de gravedad. Según un médico del Hospital San Juan de Dios, el cuadro clínico de las adolescentes internadas en ese centro asistencial no es alentador. La probabilidad de que sobrevivan es de un 50%.

Una de las entidades que medió durante los incidentes del martes, fue la PDH. Funcionarios de esa institución escucharon las inconformidades de los adolescentes: que los cuidadores los maltrataban y que recibían una pésima alimentación. Las autoridades no atendieron las demandas; llamaron a la Policía Nacional Civil para que resguardara el lugar y evitar que más muchachos huyeran; encerraron a los chicos en sus habitaciones, pero la desconformidad de los adolescentes continuó durante toda la noche. “Por esa razón fueron dominados por la fuerza pública y de forma pacífica fueron ingresados a los dormitorios”, explicó Rodas.

En uno de esos dormitorios fue alojado un grupo de mujeres adolescentes, y según el funcionario, algunas de ellas “le prendieron fuego a las colchonetas”. Desde ese momento las llamas se descontrolaron y se extendieron hasta otra de las habitaciones. “Se solicitó de manera inmediata la ayuda de los cuerpos de socorro”, dijo Rodas.

 Lavarse las manos

En un comunicado emitido en la tarde del miércoles, la Presidencia responsabilizó al Organismo Judicial (OJ) por la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. “Previo al siniestro, se solicitó a los órganos jurisdiccionales el traslado inmediato de los menores en conflicto con la ley a otros centros de privación de libertad para evitar consecuencias mayores. El Gobierno de Guatemala lamenta que no se atendiera esta petición en el momento oportuno”, se lee en la misiva.

Según el titular de la Secretaría de Bienestar Social, desde el inicio de la revuelta llamó al Juzgado de Paz de turno de la Torre de Tribunales. “Fui atendido por una persona que no se identificó, a quien le solicité, con palabras de ruego, que pudiéramos coordinar el traslado de los adolescentes, que causaron estos problemas, a los centros de privación de libertad. Esto, porque en los mismos a pesar de haber sobrepoblación, hay mayor control y vigilancia. Sin embargo, dicha petición fue denegada”, afirmó.

Ese requerimiento fue hecho pese a que los reclusorios para menores de edad fueron creados para recibir adolescentes que mantengan algún conflicto con la ley penal. Al contrario del Hogar Seguro que debe albergar a niños de 0 a 18 años, que fueron abusados, así como adolescentes que han tenido conflictos con la ley y que ya cumplieron su condena, pero no tienen algún lugar a donde ir. “No evadimos responsabilidades, las asumimos, pero no podemos recuperar esas vidas”, concluyó luego de los cuestionamientos realizados por los periodistas.

El presidente Jimmy Morales se negó en principio a atender a los periodistas para hablar de la tragedia. Decretó tres días de duelo nacional y la bandera de la Plaza de la Constitución permanecerá a media asta, en señal de luto. Por la noche, el mandatario apareció en los canales de televisión leyendo el mismo comunicado que horas antes había sido difundido. “Bendiciones”, concluyó.

 

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