Proyecto involucró a unos 150 inversionistas

Monte del Barco: una aventura tica de $8 millones en Panamá

La corporación tica Aldesa pidió a Mossack Fonseca en 2007 crear un fondo con domicilio panameño que pudiera emitir deuda pero solo para inversionistas ticos.

La corporación tica Aldesa pidió a Mossack Fonseca en 2007 crear un fondo con domicilio panameño que pudiera emitir deuda pero solo para inversionistas ticos. Un año después, una reforma en el reglamento en Costa Rica los hizo disolver el proyecto y trasladarlo a casa.

Casi 150 inversionistas costarricenses man­tuvieron por un año unos 8 millones de dó­lares colocados en una empresa domiciliada en Panamá que el bufete Mossack Fonseca creó en 2007.

Los inversionistas costarricenses fueron parte del fideicomiso de garantía Monte del Barco, propiedad de la firma Monte del Barco Real Estate Corp., creada allá a solicitud de la Corporación Aldesa, la reconocida empresa del mercado financiero costarricense.

El fideicomiso fue creado con el argumento de crear un fondo para invertir desde allá en el negocio inmobi­liario y turístico en Costa Rica, en concreto en el Polo Turístico Papagayo, en Guanacaste. Sin embargo, un año después se trasladó el proyecto a Costa Rica debido a que la Superintendencia General de Valores (Sugeval) aprobó una forma reglamentaria que abrió la posibili­dad de establecer en Costa Rica un fondo de desarrollo inmobiliario al estilo de la figura de “private equity” (un tipo de operación financiera entre compañías) de otros países, explicó para esta publicación Javier Chaves, presidente de Aldesa.

Desde un principio Aldesa pidió a Mossack Fonseca buscar un mecanismo legal de emitir bonos de deuda, pero en privado, sin dejar registro en el sistema público panameño, para esos inversionistas costarricenses.

Entre esos inversores hay sociedades como Grupo Al­desa ($3,4 millones, con Fernando Javier Leñero Testart como representante), Essex Compañía Angloamericano de Inversiones ($3,1 millones, representada por Blanca Nieves Mesén Fallas) y Jaimar S.A (representada por el empresario automotor Javier Quirós, con $200.000).

También aparece la firma Sauri S.A ($1,7 millones, con Rodrigo Uribe como su representante) y cuatro sociedades cuyo representante es Manuel Francisco Ji­ménez Echeverría, presidente ejecutivo de Grupo Nación, con una inversión total de $1 millón. Son Pascualito, Monitos Gemelos, Rapipunto y Tequeiz.

Los registros señalan también a Fernán Vargas Ro­hrmoser, vicepresidente de Grupo Nación, como repre­sentante de Orax S.A., con $100.000.

Además, invirtió $300.000 Electronic Communica­tions Networks, con el representante Federico Carrillo Zürcher (ministro de Hacienda con Abel Pacheco) y $160.000 la firma Luna Piedra S. A. representada por el expresidente del Banco Central Eduardo Lizano Faith.

Otros nombres son Andrés Rodríguez Clare, econo­mista y asesor en el gobierno de su padre Miguel Ángel Rodríguez ($200.000) y Granadilla Holdings GHP de Curridabat, con el representante Francisco Chacón, exministro de Comunicación.

 Podemos jugar con el texto de un contrato de préstamos para que físicamente parezca un certificado de deuda; de esta manera cumplimos con las regulaciones en Panamá, pero se adapta lo más posible a lo que se estila en Costa Rica para que al ojo sea más o menos igual. Mensaje de Mossack Fonseca a abogado de Aldesa, 20 de junio 2007

A pedido.

La península de Papagayo era el escenario del hotel que se pretendía desarrollar con el fideicomiso.
La península de Papagayo era el escenario del hotel que se pretendía desarrollar con el fideicomiso.

El fideicomiso lo armó el bufete Mossack Fonseca por solicitud del abogado Claudio Donato, del bufete tico Zürcher Odio & Raven entre cuyos clientes está Corporación Aldesa.

En los correos contenidos en la filtración de documen­tos del bufete panameño, especialista en crear formas de eludir impuestos, se lee la intención del abogado Donato de obtener un formato para emitir los certificados de deuda fuera del ojo público, pero de manera legal.

En Panamá le respondieron de manera positiva y en uno de los co­rreos (20 de junio 2007) lo plantearon así: “pensamos que podemos jugar con el texto de un contrato de prés­tamos para que físicamente parez­ca un certificado de deuda; de esta manera cumplimos con las regula­ciones en Panamá, pero se adapta lo más posible a lo que se estila en Costa Rica para que al ojo sea más o menos igual”.

Donato le respondió en ese mo­mento así: “ese sería el objetivo en caso de que ustedes vean problemas legales o riesgos en hacerlo por la vía de certificados de deuda”.

También le señaló al bufete pana­meño que no podría darle la lista de los posibles inversionistas, pero no por malas razones. “Pueden ser más de mil clientes (de Aldesa)”; “pero no vaya a considerar que es porque hay algo oscuro en esto porque no es así y eso se lo garantizo”.

Y agregó: “Queremos verificar que esto no lesione ninguna regu­lación o directriz del mercado de valores en Panamá y que sea trans­parente y correcta. En este sentido hemos tratado de plantearlo para que no se considere como oferta pública o captación pública”, refiriéndose a inscripción de títulos, autorización para el colocador, impuestos, protec­ción al inversionista, información al regulador, publicidad de la informa­ción o inscripción del emisor.

Después todo se aclaró con una opinión legal encargada a abogados panameños, según la cual Monte del Barco Real Estate Corp. podía emi­tir certificados de deuda en privado solo si estos se ofrecían a inversores extranjeros, como era el caso.

Así se hizo entonces, hasta que el 14 de julio del 2008 la junta directiva de Promotora Inmobiliaria Monte del Barco autorizó la liquidación a los acreedores que habían inverti­do en la deuda emitida por la firma panameña, disuelta después en junio del 2010.  “Se ha suscrito el finiquito de fideicomiso y las acciones han sido devueltas a tesorería para su corres-pondiente liquidación, y la sociedad ha cumplido con su objetivo social principal. Por consiguiente, se acuer¬da disolver a la empresa (Monte del Barco Real Estate Corp.)”, se lee en el acta de su empresa madre, Promo¬tora Inmobiliaria.

El documento lo firma Javier Chaves Bolaños, presidente de esta empresa y de Aldesa, además de ministro de Obras Públicas y Transportes en el gobierno de Abel Pacheco.  Esa junta la integró Chaves, su hermano Óscar Luis, Mario Mon¬tealegre Saborío, Alan Thompson Chacón, Félix Delgado Quesada y Eduardo Ulibarri Bilbao, quien al día siguiente renunció a la junta directiva de Aldesa para tomar el cargo de embajador de Costa Rica en Naciones Unidas, como fue de¬signado por la presidenta Laura Chinchilla.

Ulibarri no aparece en la lista de inversionistas a la que tuvo acceso este Semanario.  Chaves explica así el proyecto: “Quisimos una estructura similar a la internacional y financiarlo utilizando la figura de “private equity” que opera en los mercados desarrollados. Sin embargo, en Costa Rica la regulación del mercado de valores consideraba esa opinión y por eso se estructuró el fideicomiso en Panamá”.

Después, a finales del 2007, vino la reforma reglamentaria de Suge¬val. “Siendo Aldesa una empresa que opera en Costa Rica, inmediatamente iniciamos trámites para trasladar el proyecto a esta jurisdicción y quedó formalmente inscrito a finales de 2007”.  El fondo en Costa Rica presenta¬ba “mejores beneficios tributarios”, según el correo que la abogada Guise¬lle Barboza, del bufete Zürcher Odio & Raven dirigió el 24 de abril del 2009 a Argelis Araya, del bufete Mossack Fonseca.

Chaves, sin embargo, sostiene que el proyecto en Panamá no representó beneficios fiscales. “Se encontraba en fase pre-operativa mientras estuvo domiciliado en Panamá (por lo tanto no tuvo ventas y consecuentemente tampoco tuvo utilidades). El procedimiento que se utilizó no significó beneficio tributario alguno; si ese hubiera sido el objetivo no lo habríamos trasladado a Costa Rica”, donde ahora está inscrito ante la Sugeval.

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