Oficina de abogados necesitaba plataforma en el extranjero

De Barrio Escalante a Panamá: Exministra Viviana Martín buscó offshore para su bufete

La abogada –luego me­diática ministra y dipu­tada− Viviana Martín Salazar, en asocio con sus colegas Daniel de la Garza y Jorge Arce Lara, consultó con la firma de servicios offshore Mossack Fonseca (MF) la posi­bilidad de crear una sociedad en Panamá, Islas Vírgenes o alguna otra jurisdicción para inscribir su bufete JD Cano, ubicado en el barrio Escalante de la capital cos­tarricense.

Era el año 2005 cuando los tres acordaron constituir en Panamá −con la asesoría de Mossack− la sociedad denominada JD Cano In­ternacional Limited Partnership, para prestar “servicios legales y de consultoría”, según documenta­ción filtrada.

Esto ocurrió a pocos meses de que Martín se convirtiera en la viceministra de Obras Públicas y Transportes (MOPT), durante el segundo gobierno de Óscar Arias (2006-2010); posteriormente, pasa­ría a ocupar el Ministerio de Jus­ticia y Paz.

Caracterizada por su perenne sonrisa ante las cámaras en las entrevistas de prensa, Martín se convirtió en diputada durante el gobierno de Laura Chinchilla, car­go que dejó en el 2012 para asumir el puesto de directora de relacio­nes institucionales de la aerolínea colombiana Avianca para Centroa­mérica, México y el Caribe.

Entre la documentación inter­cambiada con los personeros de Mossfon por Martín y sus socios, estos enviaron el borrador del convenio de la sociedad que de­seaban inscribir en Panamá, como finalmente decidieron, donde se establece que el aporte mínimo de capital inicial de cada miembro fundador sería de $200.000 dólares y de $50.000 para cualquier aboga­do invitado a asociarse a la firma, además de otras estipulaciones sobre distribución de utilidades, aportes de capital y demás regula­ciones.

Nuestro interés es saber en cuáles jurisdicciones, aparte de Is­las Vírgenes y Panamá, podríamos crear una sociedad de personas como estaDaniel De la Garza a Amauri Batista, de MF.

En otra comunicación De la Garza le menciona al abogado Ramón Rivera, de Mossfon, que ya les había enviado el texto del “convenio de partnership” para la constitución de la sociedad, en el cual se resolvían “algunos de los problemas señalados” y expresaba duda sobre si sería conveniente registrar ese convenio, “que es el que pretende regular nuestra so­ciedad”.

Rivera le indicó que inscribi­rían en el Registro Público el texto del pacto social recibido, salvo la integración del capital y la distri­bución de las utilidades.

Considerando que el texto en­viado contiene en detalle la opera­ción de la sociedad, “hemos con­siderado que dicho documento sea expedido luego del Pacto Social. Dicho documento conformaría los estatutos de la sociedad; estos do­cumentos son privados y no tienen que ser inscritos obligatoriamente en el Registro Público”, asesoraba Rivera.

Lo anterior ocurrió nueve años antes de que las oficinas de JD Cano en barrio Escalante fueran allanadas y el abogado Jorge Arce Lara fuera indagado por el Minis­terio Público en relación con de­nuncias presentadas en su contra por supuestas estafas a inversio­nistas extranjeros, que totaliza­rían millones de dólares.

En la indagatoria ante la Fisca­lía, Arce negó los cargos alegando que las personas recibieron los beneficios y nunca hubo engaño de su parte; mientras, su abogado defensor declaró a la prensa que se trataba de llegar a arreglos con los denunciantes para devolverles los dineros.

UNIVERSIDAD preguntó a Vi­viana Martín sobre el interés que tuvieron de inscribir el bufete como offshore en Panamá y sí te­nía que ver con propósitos de eva­dir impuestos, a lo que respondió que “no, en ningún momento me prestaría a evadir impuestos ni otras obligaciones tributarias.”

La offshore lo que pretendía ser era la estructura de una “Holding Company” de una concentración de alianzas estratégicas con bufe­tes en Centroamérica que se iba a hacer y que nunca se hizo, explicó Martín.

Añadió que su participación en el bufete fue de un poco más de un año, y desde inicios de 2006 dejó de ser parte de dicha oficina. En un estudio hecho a raíz de esta con­sulta en el registro panameño, esa offshore no existe, anotó.

“Ese bufete, mientras yo parti­cipé, no tuvo ninguna contingen­cia fiscal porque no desarrolló la actividad mencionada y, en todo caso, es importante recordar que la ley tributaria costarricense del Impuesto sobre la Renta es emi­nentemente territorial en forma tal, que las actividades ejecutadas y originadas en el extranjero paga­rán los impuestos que rijan en el país en que la actividad se lleve a cabo”, señaló Martín.


 

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