Investigación

Papeles de Panamá: libertad de expresión en Finlandia está en peligro

(Créditos: Cadena de Radio y Televisión Yle )

Las autoridades fiscales finlandesas están pidiendo a la cadena pública de radio y televisión Yle a entregar las fuentes de la gigantesca fuga de documentos conocida como los Papeles de Panamá e información sobre los casos en los que sospechan existió evasión fiscal.

Los periodistas de la cadena de radio y televisión Yle no aceptan cumplir con esta solicitud y ven esta demanda como un desafío fundamental a la libertad de prensa en Finlandia.

Entendemos muy bien que las autoridades fiscales y los políticos están interesados ​​en los documentos filtrados de la firma panameña Mossack Fonseca. El tema de la evasión fiscal y sus efectos perjudiciales sobre la sociedad en general también han sido un importante punto de partida para nosotros cuando comenzamos la obra muy extensa de analizar los documentos filtrados. Estamos, pues, en cierta medida, en el mismo barco que los funcionarios de Hacienda, en esta materia, señalaron los editores de Yle.

Sin embargo, por una fuga de datos -no importa cuán expansiva sea- no hay ninguna razón para poner en peligro la libertad de expresión en Finlandia y décadas de principios periodísticos en toda Europa.

A pesar de la magnitud de las revelaciones en los Papeles de Panamá, no se puede utilizar eso como una premisa para poner en peligro la confidencialidad de las fuentes periodísticas ya que, en el largo plazo, ello constituiría un grave daño para el periodismo de investigación en Finlandia.

No entregar el material

La periodista de investigación finlandesa Minna Knus Galan, es parte del equipo que reveló los Papeles de Panamá en su país.
La periodista de investigación finlandesa Minna Knus Galan, es parte del equipo que reveló los Papeles de Panamá en su país.

Los periodistas finlandeses de Yle, señalan, además, que ese medio no posee físicamente los archivos, sino que más bien, algunos periodistas de Yle tienen acceso a los datos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El propietario del material, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, ha declarado que no va a entregar el material a los funcionarios.

Cerca de 100 organizaciones de medios, que están trabajando con los documentos se han comprometido a acatar la posición del ICIJ.

El principio de la confidencialidad de las fuentes asegura que los ciudadanos ordinarios pueden revelar grandes injusticias a la prensa sin temor a que los periodistas difundan sus nombres y esto ocasione represalias sobre ellos.

El secreto periodístico de las fuentes, no sólo se relaciona con nombres, sino que también requiere la protección de cualquier otro detalle que podría dar lugar a la exposición de la identidad de la fuente.

De acuerdo con el ICIJ, la última filtración tiene información sensible que podría contener referencias a la identidad de la fuente y podría poner en peligro   -o incluso poner en peligro- a las personas involucradas.

Es por esto que la debida discreción ha sido ejercida en la publicación de algunos documentos, en colaboración y de acuerdo con los principios periodísticos.

Los datos están dentro de una red de 400 periodistas que participan en el proyecto y, en caso de que los periodistas finlandeses entregasen cualquier información a un tercero, el acceso de Yle a los datos filtrados sería, presumiblemente, revocado inmediatamente.

Los periodistas finlandeses señalan que, además, lo que sería aún más grave es que las acciones de Yle pondrían en peligro las posibilidades de periodistas finlandeses que participan en las redes internacionales de investigación.

¿Quién invitaría al periodista de un país donde existe el riesgo de que los funcionarios puedan exigir – y recibir – la información confidencial? ¿Qué tan confiables serían los periodistas finlandeses si los funcionarios pudieran confiscar sus archivos? ¿Podrían los periodistas finlandeses protegerse a sí mismos y sus fuentes?

Archivos abiertos

Los reporteros de Yle aseguran que su trabajo continúa y que si encuentran cualquier información de importancia material para la sociedad en general, la publicarán.

Adicionalmente, el ICIJ anunció que, el próximo 9 de mayo, liberará todos los archivos abiertos, que implican a unas 200.000 empresas en paraísos fiscales y a las personas vinculadas a ellos.

Al igual que las autoridades finlandesas, funcionarios de muchos países están interesados ​​en los datos, sin embargo, en la mayoría de las jurisdicciones han aceptado la explicación de que losmedios de comunicación no tienen el material en su posesión sino que los datos son suministrados por el ICIJ.

La magnitud de la fuga de documentos de Panamá ha sido sin precedentes, pero hasta el momento Mossack Fonseca es uno de los cientos de firmas de abogados involucrados. Las fugas probablemente no se detendrán. La cooperación internacional es muy probable que juegue un papel cada vez más importante en el análisis de los archivos.

Es en interés de todos los residentes finlandeses para los periodistas a continuar participando en redes que investigan estos datos y otros materiales de importancia social. Los documentos de Panamá son importantes, pero esto es una cuestión de valores y principios aún más significativo.

 

 

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Registros de telefónica Alcatel aparecen en Mossack Fonseca

Empresarios ligados a Alcatel refugiaron ganancias en el extranjero

(Créditos: infografía Lucía Mora)

Un grupo de empresarios ligados a las operaciones  de Alcatel buscaron eliminar el pago de impuestos para  algunas de sus empresas en Costa Rica y Panamá, ante  el inminente “endurecimiento” del intercambio de in- formación entre los dos países, para lo cual buscaron  la asesoría del bufete Mossack Fonseca.

Así se indica en un correo del 3 de agosto del 2005 en  donde, Jan Stockhausen, uno de los abogados de Mossack  Fonseca señala que “ los clientes están preocupados por  el futuro intercambio de información fiscal entre Costa  Rica y Panamá“.

Además, buscaron hacerlo sin que aparentemente  la telefónica francesa Alcatel supiera del negocio, pues  estas empresas le vendían servicios a Alcatel, siendo  el gerente regional de la telefónica uno de sus dueños.

El intercambio está documentado en los llamados  Papeles de Panamá, casi 11,5 millones de documentos  filtrados de este bufete canalero y que UNIVERSIDAD  analizó.

La firma legal les sugirió un esquema que incluyó  crear una sociedad en el Reino Unido (UK, por sus si- gla en inglés), compañías offshore en las Islas Vírgenes  Británicas (BVI, por su sigla en inglés), y fundaciones  privadas en Panamá.

Los correos que documentan este caso involucran  a tres socios y sus parejas, y a dos empresas que ellos  fundaron y/o administraban en el año 2005: Manuel  Soriano Montero, de nacionalidad española/francesa  -quien laboraba como Director General de Alcatel para  América Central-, fundador de Apman S. A., y su esposa,  identificada como “Christina Soriano”; Óscar Moreira,  quien es descrito como el administrador de Apman y de  Tectel S. A. y su esposa, Lydia Matamoros; y J. P. Haro,  de nacionalidad francesa.

P-28-info1, Registros de telefónica Alcatel aparecen en Mossack Fonseca: Empresarios ligados a Alcatel refugiaron ganancias en el extranjero

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Según los correos, las esposas tenían igual o mayor  poder de decisión en la operación que se describirá.

El problema para resolver

Un extenso correo con fecha 3 de agosto de 2005, de  Jan Stockhausen, abogado de Mossack Fonseca, explica  a Maxime Berthet –el asesor financiero que sugirió a los  involucrados recurrir a la ayuda del bufete panameño–  cuál era el mejor esquema para lograr los propósitos  esperados.

Allí Stockhausen explica que Apman S. A. es una  compañía offshore panameña que ofrece servicios es- peciales para la instalación de cables submarinos de  telecomunicaciones a compañías como Alcatel.

A su  vez Tectel S. A. es la compañía costarricense que, en  ese momento, se encargaba de operaciones de Alcatel  en Costa Rica.

Stockhausen añade que, en adelante, Apman tendrá varias operaciones similares a las de Tectel en  el resto del mundo, alquilando su personal a esas  operaciones para conectar con cables submarinos de  telecomunicaciones.

Agrega el abogado que la rama local de Alcatel está  usando los servicios de Apman.

Además, explica que  mientras Apman tiene una relación contractual directa  con Alcatel, Apman a su vez subcontrata a Tectel para  que haga los trabajos y le alquila el personal necesario  para hacerlos.

El pago de Alcatel-Costa Rica a Tectel se hace mediante  cheques locales con el fin de bajar costos, ya que reciben  gran cantidad de cheques con bajos montos.

Esta es la  razón por la cual la cuenta corporativa de Tectel está  en un banco costarricense. Pero, dice, Stockhausen, he  aquí el problema para resolver:

“Lo anterior significa que por razones de cumplimiento de la ley, los  nombres de los beneficiarios finales tuvieron que ser revelados al banco  costarricense. Por cierta razón, el  gobierno también tiene conocimiento  de su identidad”.

Y luego explica por qué a las personas involucradas les urge cambiar  la estructura en que operan esas empresas:

“Las razones para el cambio  urgente de la estructura son dos.

Por un lado, los clientes están  preocupados por el intercambio  futuro de información fiscal entre  Costa Rica y Panamá, y por el otro,  el hecho de que hubo un cuarto socio que fue sacado de la estructura  recientemente y quisieran evitar  que pueda causar algún daño con  el conocimiento que tiene acerca de  toda la operación.

Especialmente en vista del hecho  que el cliente de la compañía local  costarricense es el patrono de dos de  los tres individuos y no debe saber  quién está detrás de la operación”.

En otros correos el cuarto ex socio  es identificado únicamente como el  “Sr. G.D.” y el cliente de la compañía  local evidentemente es Alcatel, que  es donde trabajan Soriano y, aparentemente, el tercer socio, un francés  llamado J. P. Haro.

Por lo anterior, Stockhausen  afirma que los objetivos principales  buscados son “eficiencia tributaria  y absoluta confidencialidad”.

En ese sentido, se sentirían más  cómodos de eliminar los elementos  panameños de la estructura buscan- do otra jurisdicción y deshaciéndose  de la estructura y las entidades que  son conocidas por el ex cuarto socio.  No obstante, considera que el arre- glo operacional existente en Costa  Rica idealmente no debería cambiar.  Y recomienda que:

“Todas las compañías de la estructura futura abrirían cuentas  bancarias con BDL (Banque de Lu- xembourg) para recibir los dividendos. De estas cuentas, los dividendos  pueden ser canalizados a las cuentas  bancarias personales de los beneficiarios finales”.

La nueva estructura

Stockhausen procede entonces a  describir la nueva estructura que  Berthet presentará a los socios. Pri- mero, Tectel continuará siendo una  compañía costarricense, en tanto le  presta servicios locales a la subsidia- ria local de Alcatel.

Debido a esta territorialidad de  Tectel, “será inevitable pagar una  cuota de impuesto a la renta aquí, in- cluso teniendo una entidad foránea”.

No obstante, con el fin de separar  la estructura del cuarto ex socio se  debería crear una nueva entidad que  tome el lugar de Tectel.

Para esto, dice, “tenemos muy  buenas relaciones con abogados y  asesores en Costa Rica que estarían  gustosos de ayudar a formar una nueva compañía y de administrarla en el  futuro”.

La cuenta bancaria de esta  sería local, aunque esto nuevamente lleve a que el banco conozca la  identidad de los beneficiarios finales.

Aunque siempre existe la alternativa  de abrir cuentas también en el First  Curacao Bank o en el Bermuda Commercial Bank.

No obstante, agrega que lo ideal  sería que la relación contractual en  el futuro fuese solamente con Apman.  Esta empresa usa los servicios locales de Tectel, mientras que simultánea- mente Tectel contrata el personal de  Apman para los proyectos.

Y aclara: “Tectel a su vez tendría  la relación directamente con Alcatel  y los pagos se harían a Tectel.

Obviamente, el personal contratado de  Apman debería costar tanto como lo  que Alcatel le está pagando a Tectel  para asegurar que las utilidades que  quedan en Tectel sean lo más bajas  posibles para así mantener el pago  del impuesto a la renta lo más bajo  posible”.

Agrega no saber si estos cambios  le parecerán extraños a Alcatel, o si  aplica alguna retención de impuestos  a los pagos que Tectel hace a Apman,  pero cree que se podría encontrar  alguna salida también en caso de  realizarse los cambios.

En segundo lugar, propone que  Apman sea convertida en una British  Limited Liability Partnership o UK  LLP (Empresa de Responsabilidad  Limitada del Reino Unido), a la que  califica como “uno de los vehículos  más interesantes de planificación  tributaria, puesto que es una entidad corporativa en una jurisdicción  territorial, la cual, si es usada apropiadamente, no tiene implicacio- nes fiscales, al tiempo que provee  un rostro no sospechoso al ser una  entidad corporativa normal de una  jurisdicción europea”.

Añade que las LLP funcionan de  manera similar a las LLC de Nevada,  Estados Unidos.  “Tiene una personalidad jurídica como entidad corporativa, en la  medida que es transparente fiscalmente porque el impuesto se cobra  a nivel de los socios.

Pero si estos no  son residentes o domiliciados en el  Reino Unido y no tienen negocios o  utilidades allí, los socios tampoco  deben pagar impuestos en el Reino  Unido.

Ahora, es permitido usar  estas entidades corporativas como  socias de la LLP, por lo tanto, si estas  se escogen cuidadosamente de otra  jurisdicción que sea offshore, estos  socios tampoco deberán pagar im- puestos en sus ‘países de origen’, lo  que significa que el pago de impuestos  será eliminado en ambos extremos”.

Por eso, Stockhausen sugiere que  las socias de la LLP sean compañías  LLC de Nevada o IBC de BVI.

Y añade:  “La diferencia no es mucha. Mientras  que la primera es un poquito menos  sospechosa, la segunda es un poquito  más barata”.

Cuidado con las esposas

El tercer elemento de la estructu- ra que plantea el abogado de Mossack  Fonseca consiste en crear fundacio- nes privadas en Panamá.

Estas fundaciones serían las encargadas de  resguardar las acciones al portador  de las empresas, que son documentos  físicos que, precisamente por no tener nombres propios sino que pertenecen a quien las tenga bajo su poder,  “pueden extraviarse (o ser robadas  por esposas abandonadas.He visto  esto recientemente) y puede causar  muchos problemas”.

Luego procede a detallar las  ventajas de constituir fundaciones  privadas en Panamá para cada uno  de los socios. En resumen, afirma  que estas fundaciones combinan lo  mejor de una sociedad anónima con  un fideicomiso.

Debido a que no aparecen los  nombres del propietario, quien, sin  embargo, guarda allí sus propiedades.

En consecuencia, no tiene ac- cionistas, solo un fundador, cuyas  conexiones con la fundación desapa- recen una vez que esta se constituye,  porque pasa a ser administrada por  un consejo, el cual, por otro lado, no  podrá tomar decisiones sin el visto  bueno del fundador.

Para cerrar el cuadro, la funda- ción privada en Panamá o en las Antillas Holandesas es solo de papel, es  decir, la constituyen documentos que  contienen los nombres de los beneficiarios y la forma de repartir el patrimonio, lo cual las convierte en una  suerte de testamentos de herencia.

Antes de presentar la lista de  precios para crear cada parte de la  nueva estructura, el abogado agrega:  “Puesto que los beneficiarios finales detrás de la estructura son altos ejecutivos de corporaciones multinacionales, entiendo que queremos excluir  todo vínculo hacia ellos como personas  naturales, por lo tanto, proveeremos  los directores, las firmas para las cuen- tas bancarias, las acciones nominativas, etc., allí donde aplique”.

Luego, informa sobre los precios  de creación y de administración de  la UK LLP, de las IBC de BVI y de  las fundaciones privadas panañas, y aunque afirma que también  pueden ofrecerlas basadas en Uruguay, Seychelles, Bahamas y Samoa,  recomienda usar las primeras.

Finalmente, Stockhausen afirma  que en Costa Rica se está planeando pasar de un sistema de renta territorial a un sistema de renta mundial  como el vigente en Estados Unidos y  “aparentemente el proyecto de ley ya  ha entrado en la corriente legislativa,  así que posiblemente estamos un poco  contra el tiempo”.

Diligentemente, el abogado adjunta a este correo dos gráficos que  ilustran la estructura actual de las  compañías involucradas y la que propone para el futuro (ver el gráfico:  “Antes y después”).

En otro correo, ofrece a los socios  las siguientes compañías offshore de  BVI para la nueva estructura: Hu- ron Holdings Group Limited, Durston  Holdings Limited y Henson Overseas  Holdings Corp.


Mencionados guardan silencio

Desde el jueves 7 de abril UNIVERSIDAD buscó contactar telefónicamente a cada una de las personas  mencionadas en los correos de  Mossack Fonseca.

Luego de varios intentos, Manuel  Soriano respondió a nuestra  llamada. Pero cuando le pedimos  un correo electrónico para enviarle nuestras preguntas, se negó a  hacerlo.

Soriano reconoció haber sido  gerente regional de Acatel y que  su esposa se llamaba Christina,  pero dijo que ella ya había muerto y  que no sabía nada de las empresas  Apman y Tectel.

A pesar de que le explicamos que  había correos que les implicaban  con estas empresas y le reiteramos  que nos proporcionara una dirección para enviarle la información, de  modo que pudiera refutarla puntualmente, no quiso hacerlo.

También utilizamos los números  telefónicos que aparecen en los  correos.

A la pareja compuesta por  Óscar Soriano y Lydia Matamoros,  dueños del beneficio de café Monte  Rosa S. A., ubicado en San Rafael  de Naranjo, les solicitamos una  dirección de correo electrónico a la  cual pudiéramos enviarles nuestras  preguntas.

Sin embargo, el correo que nos fue  proporcionado (info@monte-rosa.  com) no sirvió.

Tampoco sirvió el correo del beneficio de café (b_monterosa@racsa.  co.cr) que aparece en su sitio web,  de modo que les enviamos nuestras preguntas insertándolas en el  formato para contacto del propio  sitio web.

Sin embargo, al cierre de  edición, no recibimos respuesta.  Tampoco quisieron atender nues- tras reiteradas llamadas telefónicas.

En cuanto a la empresa Apman Costa Rica S. A., llamamos telefónicamente a los números que se indican  en Internet, pero en algunos nadie  respondió y en uno se nos dijo que  era de una casa particular y que no  conocían esa empresa.

Sin embargo, la firma está registrada en Costa Rica bajo la cédula  jurídica 3101292343, con Marco  Castillo Villalobos como su Tesorero, nombre que también aparece  en uno de los correos de Mossack  Fonseca.

La empresa Tectel S. A., con la  cédula 3101341876, también tiene  a Marco Castillo Villalobos en su  Junta Directiva, en calidad de  Presidente, María Dolores Agüero  Chacón como fiscal, Juan José  Quirós Meléndez como Agente  Residente y Fabio Gamboa Amador  como Secretario.

En el sitio web tectel.co.cr se anuncia “su actividad principal consiste  en el suministro de servicios espe- cialistas en el área de las telecomunicaciones” en el nivel nacional y el  internacional. Intentamos reiteradamente comunicarnos por la vía  telefónica al número allí registrado,  pero en cada ocasión respondió un  buzón telefónico.

La señora Agüero  Chacón estaría emparentada con  Lydia Matamoros.

También fuimos a la dirección establecida en su sitio web como sede,  en el Centro Comercial Paseo del  Parque, No. 9, pero encontramos un  consultorio dental.

Allí explicaron  que Tectel S.A. efectivamente tuvo  su sede allí, pero hace seis años.  Adicionalmente, existe otra empresa  homónima: Tectel (Tecnología  Telefónica S. A.) que está registrada  con la cédula jurídica 3101402758  como proveedora del Estado, y  según el portal de compras públicas  “Compra@Red” del Ministerio de  Hacienda, ha tenido contratos con  el Instituto Nacional de Innovación y  Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), el Tribunal Supremo de Elecciones y con el Ministerio  de Gobernación y Policía.

En esta compañía sí atendieron  nuestra llamada telefónica, afirmaron ser únicamente una empresa  familiar y no conocer a las personas  nombradas ni a la empresa Apman.

Su junta directiva está presidida  por José Antonio Badilla Matamo- ros, tiene como Tesorero a Nicolás  Badilla Matamoros y como Fiscal a  Francisco Badilla Matamoros. Este  último dijo conocer a la empresa  homónima, un hecho que le causaba extrañeza. También dijo que su  familia no tiene lazos de parentesco  con Lydia Matamoros Agüero.

Por último, la compañía Alcatel-Lucent, por medio de Marco Malfavon,  responsable de comunicación, nos  respondió vía correo electrónico:

“En este punto, estamos examinado el tema sobre el que usted nos  consulta y no podemos comentar  más en este momento. Como una  empresa que toma la ética y la integridad seriamente, investigaremos  el asunto y tomaremos las acciones  correctivas que sean necesarias”.

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Involucrado en escándalo de lavado de dinero

Barón de apuestas cobijó bienes en Panamá desde Costa Rica

(Créditos: Foto: tomada de Internet)

En el 2008, el estadouni­dense Carmen Vincent Cicalese protagonizó uno de esos escándalos por la­vado de dinero que se han vuelto recurrentes en Costa Rica, al tiempo que en Panamá la firma Mos­sack Fonseca le administraba una fundación en la que el fugitivo cobijaba sus propiedades.

El estadounidense operaba una casa de apuestas por Internet desde Heredia y tenía orden de captura por parte de las autoridades estatales y federales en Nueva Jersey y Nueva York, pues lo acusaban de liderar una banda dedicada al juego clandestino, lavado de dinero y otros delitos.

Según las autoridades norteame­ricanos, el grupo movilizó de manera clandestina $13 millones entre setiem­bre del 2007 y abril del 2009.

Desde el 2008, Cicalese figuró en varias sociedades con millonarias inversiones en Costa Rica, principal­mente en bienes raíces y desarrollo inmobiliario.

Mediante los servicios de Mossfon, Cicalese constituyó una “Fundación de Interés Privado” para el cobijo de bienes: Amber Rose Internacional Foundation (Amber Rose es el nombre de una familiar menor de edad), según revela la filtración de documentos de Mossfon.

Carmen Cicalese, cabecilla de banda acusada en Estados Unidos de operar apuestas ilegales por Internet desde Costa Rica.
Carmen Cicalese, cabecilla de banda acusada en Estados Unidos de operar apuestas ilegales por Internet desde Costa Rica.

Al estallar el escándalo en la prensa internacional −por el arres­to en Estados Unidos de al menos 20 miembros compinches de Cicalese, incluido un integrante de la familia mafiosa Genovese, que controla el cri­men organizado en Nueva Jersey−, personeros de MF discutieron en julio del 2008 si debían excluir a Cicalese de su cartera de clientes.

Unos ellos sugirieron renunciar como agentes de toda la estructura e inactivarlo como cliente, según le comunicó Paola Vecchio al abogado Ransés Owens, ambos del grupo MF.

Owens aconsejó, sin embargo, “aguantar un poco” y esperar a que un personero de Mossfon se entrevis­tara con Cicalese en Costa Rica, a fin de tomar una decisión.

“Recordemos que en USA se armó una campaña contra todos las empre­sas de Internet en Costa Rica; todos los americanos involucrados fueron procesados y todo el que parecía te­ner relación con Internet y gambling (juego de apuestas); es decir, lo que supuestamente era legal en segundos pasó a ser ilegal. Si Cicalese está en Costa Rica y lo que quiere de nosotros es depositar fondos de su patrimonio y no mover dineros del gambling, quizás podamos dejar esto en stand by hasta que MAMSA (personero de MF) pueda visitarlo en Costa Rica en uno de sus viajes periódicos”, indicó Owens.

La gente relacionada con gam­bling no son delincuentes per se, son gente que ha sido atacada en USA, pero no ha sido tan feroz, porque na­die está preso ya. Veamos qué nos dice MAMSA; si no está interesado entonces analicemos para terminar la relación con el clienteRamsés Owens

Cicalese evadió la orden de captura de las autoridades norteamericanas y se mantuvo en Costa Rica, donde murió en diciembre del 2014 a los 73 años de edad, según una esquela pu­blicada en Internet a nombre de una empresa funeraria norteamericana.

De acuerdo con los documentos en poder del ICIJ, Cicalese y su hijo Anthony crearon en el 2004, en las Islas Cook (Pacífico Sur), una sociedad llamada RAC Corporation, constitui­da con la ayuda de Portcullis Trust­Net, una firma de servicios offshore de Singapur.

Mediante una cuenta abierta en el banco australiano ANZ, se realizaron varias transferencias de dinero a la sociedad, desde empresas en Costa Rica y Estados Unidos.

Además, mediante cuentas en JP­Morgan Chase & Co. habría movido más de un $1 millón para realizar inversiones en bienes raíces en Cos­ta Rica, según publicaron medios de prensa en su oportunidad.

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El 18 de julio del 2008, tres antiguos socios en negocios –dos de ellos con cuestionamientos de corrupción como funcionarios públicos– se reunieron en el restaurante Marriott Courtyard de Escazú con representantes de Mossack Fonseca, compañía gestora de offshores en Panamá.

Los tres manifestaron su necesidad de planificar una estructura de propiedades, a fin de evitar que sus herederos tuvieran problemas en el futuro.

Se trataba de Hernán Bravo, exministro de Ambiente y exdirectivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); Cristóbal Zawadzki, expresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS); y Juan Ramón Rivera, empresario.

Los personeros de Mossfon, Amauri Batista y Jaime Raúl Molina, les hicieron una presentación sobre la figura de “Fundación de Interés Privado”, según reseña la minuta de la reunión confeccionada por el mencionado Molina, que se encuentra entre los documentos
filtrados de Mossack Fonseca.
Bravo, Zawadzki y Rivera fueron socios en la empresa Empaques Asépticos Centroamericanos S.A., que fabricó los refrescos HI-C y fue vendida a la Coca- Cola. Mediante los servicios de Mossack Fonseca, Empaques Asépticos se inscribió en 1992 como empresa panameña y adquirió una empresa holding en las Bahamas.

Bravo figuró como uno de los exdirectivos del ICE, junto al expresidente Miguel Ángel Rodríguez y otros acusados, fue procesado por cargos de corrupción relacionados con el sonado caso Alcatel-ICE, destapado en el 2004.

El exdirectivo y exvicepresidente del ICE evitó ir a prisión tras negociar con la Fiscalía (ver recuadro).

Offshores.

Durante la mencionada comida, los representantes de Mossfon comentaron a Bravo, Zawadzki y Rivera las características de la “Fundación de Interés Privado”, que la empresa de offshores ofrece a sus clientes.

Los tres hicieron preguntas sobre la administración y lo que se puede hacer con la Fundación, sus ventajas sobre el Trust, las compañías holding y otros. Parecieron muy interesados los tres y comentaron que cada uno veía la necesidad de establecer una estructura de bienes, para evitar problemas a sus herederos en el futuro, indica la minuta de la reunión, escrita en inglés.
Añade que “también se les informó sobre la compañía MF Trust y nuestra habilidad para administrar una estructura sobre una base fiduciaria. Les dejamos un brochure sobre la Fundación y de MF Trust, y le obsequiamos un abridor de cartas a cada uno. Este reporte es replicado para los tres prospectos en sus respectivos ‘files’ en la base de clientes”, anotó Molina.

Cabe mencionar que ya en 1992, la firma Mossfon le vendió a Empaques Asépticos Centroamericanos S.A., por gestiones de Alejandro García Cascante, entonces gerente general, una sociedad denominada Axel Services LTD, inscrita como empresa holding en las Bahamas. La empresa quedó constituida con un capital social de $5.000 e integrada en partes iguales por los socios y a la vez directivos Mario Carvajal Herrera, exdiputado y ministro de Reforma del Estado en la Administración Figueres Olsen 1994-1998; Enrique Zawadzki Montes de Oca, Juan Carlos Rivera Rodríguez y Flor María Monge Alvarado.

Al mismo tiempo, constituyeron Empaques Asépticos como empresa inscrita en Panamá, con los mismos socios y directivos, y como dueña del 100% de la empresa holding en las Bahamas. Inicialmente, se había propuesto que se inscribieran como accionistas Mario Carvajal, Cristóbal Zawadzki, Hernán Bravo y Juan Ramón Rivera, y como directores Alejandro García Cascante, Marvin Mena Sandí y Mario Araya Rosales, pero esa opción finalmente quedó desechada.

Consultado por UNIVERSIDAD sobre el encuentro con los representantes de MF en el 2008, el ex ministro Bravo dijo recordar que alguien les planteó lo de la fundación de interés privado que Mossack y otros bufetes andaban promocionado con base en una ley que se había aprobado en Panamá con ese fin, pero que él personalmente no abrió la offshore, porque le pareció muy complicado.

“Era una figura entre sociedad anónima y fideicomiso, es realmente un testamento que hace uno y uno sigue manejando los bienes, pero estando en Panamá y todo eso, y yo no lo hice.”
En cuanto a las offshores que crearon en Empaques Sépticos Centroamericanos en 1992, antes de ser vendida la compañía en el 2006, dijo que eran empresas que servían al giro comercial que tenía HI-C en Centroamérica, República Dominicana, Colombia y otros países en que estaban incursionando.

“Eran para el rubro de negocios internacionales que nosotros teníamos, tanto para las compras de materias primas como para las infraestructuras que teníamos afuera, y cuando la empresa se vende todo eso se cierra”, indicó Bravo.
También se intentó contactar a Zawadzki y se le dejó recado por medio de una hija para que se refiriera a su vinculación a offshores.Ella dijo que le había mencionado el tema a su padre y que le volvería a preguntar para ver si devolvía la llamada, lo cual no sucedió.

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De Barrio Escalante a Panamá: Exministra Viviana Martín buscó offshore para su bufete

La abogada –luego me­diática ministra y dipu­tada− Viviana Martín Salazar, en asocio con sus colegas Daniel de la Garza y Jorge Arce Lara, consultó con la firma de servicios offshore Mossack Fonseca (MF) la posi­bilidad de crear una sociedad en Panamá, Islas Vírgenes o alguna otra jurisdicción para inscribir su bufete JD Cano, ubicado en el barrio Escalante de la capital cos­tarricense.

Era el año 2005 cuando los tres acordaron constituir en Panamá −con la asesoría de Mossack− la sociedad denominada JD Cano In­ternacional Limited Partnership, para prestar “servicios legales y de consultoría”, según documenta­ción filtrada.

Esto ocurrió a pocos meses de que Martín se convirtiera en la viceministra de Obras Públicas y Transportes (MOPT), durante el segundo gobierno de Óscar Arias (2006-2010); posteriormente, pasa­ría a ocupar el Ministerio de Jus­ticia y Paz.

Caracterizada por su perenne sonrisa ante las cámaras en las entrevistas de prensa, Martín se convirtió en diputada durante el gobierno de Laura Chinchilla, car­go que dejó en el 2012 para asumir el puesto de directora de relacio­nes institucionales de la aerolínea colombiana Avianca para Centroa­mérica, México y el Caribe.

Entre la documentación inter­cambiada con los personeros de Mossfon por Martín y sus socios, estos enviaron el borrador del convenio de la sociedad que de­seaban inscribir en Panamá, como finalmente decidieron, donde se establece que el aporte mínimo de capital inicial de cada miembro fundador sería de $200.000 dólares y de $50.000 para cualquier aboga­do invitado a asociarse a la firma, además de otras estipulaciones sobre distribución de utilidades, aportes de capital y demás regula­ciones.

Nuestro interés es saber en cuáles jurisdicciones, aparte de Is­las Vírgenes y Panamá, podríamos crear una sociedad de personas como estaDaniel De la Garza a Amauri Batista, de MF.

En otra comunicación De la Garza le menciona al abogado Ramón Rivera, de Mossfon, que ya les había enviado el texto del “convenio de partnership” para la constitución de la sociedad, en el cual se resolvían “algunos de los problemas señalados” y expresaba duda sobre si sería conveniente registrar ese convenio, “que es el que pretende regular nuestra so­ciedad”.

Rivera le indicó que inscribi­rían en el Registro Público el texto del pacto social recibido, salvo la integración del capital y la distri­bución de las utilidades.

Considerando que el texto en­viado contiene en detalle la opera­ción de la sociedad, “hemos con­siderado que dicho documento sea expedido luego del Pacto Social. Dicho documento conformaría los estatutos de la sociedad; estos do­cumentos son privados y no tienen que ser inscritos obligatoriamente en el Registro Público”, asesoraba Rivera.

Lo anterior ocurrió nueve años antes de que las oficinas de JD Cano en barrio Escalante fueran allanadas y el abogado Jorge Arce Lara fuera indagado por el Minis­terio Público en relación con de­nuncias presentadas en su contra por supuestas estafas a inversio­nistas extranjeros, que totaliza­rían millones de dólares.

En la indagatoria ante la Fisca­lía, Arce negó los cargos alegando que las personas recibieron los beneficios y nunca hubo engaño de su parte; mientras, su abogado defensor declaró a la prensa que se trataba de llegar a arreglos con los denunciantes para devolverles los dineros.

UNIVERSIDAD preguntó a Vi­viana Martín sobre el interés que tuvieron de inscribir el bufete como offshore en Panamá y sí te­nía que ver con propósitos de eva­dir impuestos, a lo que respondió que “no, en ningún momento me prestaría a evadir impuestos ni otras obligaciones tributarias.”

La offshore lo que pretendía ser era la estructura de una “Holding Company” de una concentración de alianzas estratégicas con bufe­tes en Centroamérica que se iba a hacer y que nunca se hizo, explicó Martín.

Añadió que su participación en el bufete fue de un poco más de un año, y desde inicios de 2006 dejó de ser parte de dicha oficina. En un estudio hecho a raíz de esta con­sulta en el registro panameño, esa offshore no existe, anotó.

“Ese bufete, mientras yo parti­cipé, no tuvo ninguna contingen­cia fiscal porque no desarrolló la actividad mencionada y, en todo caso, es importante recordar que la ley tributaria costarricense del Impuesto sobre la Renta es emi­nentemente territorial en forma tal, que las actividades ejecutadas y originadas en el extranjero paga­rán los impuestos que rijan en el país en que la actividad se lleve a cabo”, señaló Martín.


 

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Fideicomiso panameño Gibraltar Holdings

Banco Improsa utilizó offshore para repartir dividendos entre sus accionistas

El Banco Improsa S.A. utilizó un fideicomiso en Panamá, creado por el bufete Mossack Fonseca, para, desde el extranjero, repartir dividendos entre sus accionistas.

Se trata de un fideicomiso de la firma Gi­braltar Holdings administrado por la Fiduciaria Mossfon (una empresa relacionada al bufete panameño Mossack Fonseca), desde enero del año 2000.

Gibraltar Hodings Inc. era una empresa panameña creada por Mossack Fonseca, cuyos directores eran los empresarios costarricenses Emilio Bruce Jiménez, su hermano Mauricio y Robert Woodbridge, vinculados en ese momento a Banco Improsa.

En Gibraltar Holdings Inc., también actuó como di­rector el banquero que representa a Óscar Arias ante el directorio del PLN, Alfredo Ortuño Víctory, quien fue además miembro de la junta directiva de Improsa.

En una carta del año 2000, el abogado de Mossak Fonseca, Ramses Owens, aclara al bufete costarricense Carballo –abogados de Improsa– que los fideicomisos en Panamá no deben registrarse y que, además, no pagan ningún tipo de impuestos si no desarrollan actividades comerciales en Panamá.

Según los archivos de Mossack Fonseca en el contrato de creación del fideicomiso Gibraltar Holdings, se indica que: “el fin es que el fideicomiso reciba y distribuya los dividendos provenientes de las acciones de la sociedad panameña Gibraltar Holdings Inc, entre los accionistas de Banco Improsa S.A. registrados como tales al mo­mento de acordarse la distribución, con la salvedad de Grupo Financiero Improsa S.A.”

El 18 de marzo de 2003, Ortuño, junto Robert Wood­bridge y el empresario y presidente del Grupo Financiero Improsa, Jorge Monge Agüero, decidieron aumentar el capital de Gibraltar Holdings de $50.000 a $200.000. (Vea nota aparte).

Ortuño Víctory y las empresas relacionadas a Gru­po Financiero Improsa tienen una larga relación con el bufete Mossack Fonseca que según sus archivos constituyendo en 2003 la firma panameña Arrendadora Improsa S.A., cuyos socios eran la actual presidenta de Banco Improsa S.A., Marianela Ortuño Pinto y el pre­sidente de Farmacias Chavarría, Jorge Monge Agüero.

Mossack Fonseca también constituyó en Panamá Improsa Investment Advisory, firma subsidiaria de Gru­po Financiero Improsa, cuyos directores eran Alfredo Ortuño, junto al tesorero de Agencia Naviera Improsa, Robert Woodbridge y al empresario y exdirector de Improsa, Walter Esquivel Sotela.

El empresario Emilio Bruce señaló a UNIVERSIDAD que debido a que dejó la presidencia de Grupo Improsa hace ya tiempo y ahora no integra la junta directiva de la firma le solicitó a Marianela Ortuño Pinto, actual presidenta de ese grupo financiero que respondiera las preguntas, sin embargo al cierre de esta edición no se recibió sus comentarios.

UNIVERSIDAD intentó obtener los comentarios de Alfredo Ortuño Víctory pero, al cierre de esta edición el banquero no respondió los correos que se le enviaron.

Banca y política.

Alfredo Ortuño Víctory es un banquero costarricen­se que ha combinado su actividad comercial con una intensa participación dentro del Partido Liberación Nacional (PLN) y estuvo involucrado en los comités de finanzas verdiblancos desde el del expresidente Luis Alberto Monge (1982-1986), hasta la segunda presidencia de Óscar Arias Sánchez (2006-2010).

Ortuño Víctory protagonizó dos de los momentos claves dentro de la última administración Arias Sánchez; el primero inició incluso antes de que Arias resultara electo presidente de Costa Rica.

En 2004, Ortuño y Arias viaja­ron a China en viaje exploratorio y luego, durante los primeros meses de la gestión presidencial del pre­mio Nobel, el banquero se convirtió en uno de los principales lobistas que gestionó el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cos­ta Rica y China y del préstamo con bonos blandos por $300 millones.

El segundo momento clave lo protagonizó como director de Costa Rica en el Banco Centromericano de Integración Económica (BCIE) y participó de un mecanismo se­creto en el que el banco otorgó $2 millones al país como “coopera­ción financiera no reembolsable” y esos recursos se utilizaron para el pago de consultorías en la Casa Presidencial.

Los cuestionamientos sobre el manejo de esos fondos generaron una investigación del Ministerio Público en la que se imputó a Or­tuño junto al entonces ministro de la Presidencia Rodrigo Arias Sán­chez, quien giraba las instrucciones sobre cuánto pagar a los asesores presidenciales.

El caso fue finalmente finalmente desestimado luego de pronunciamien­tos de la Procuraduría General de la República y de la Contraloría General de la República.

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Cuestionado bufete panameño tramitó cesión de acciones para exministra

El bufete Mossack Fonseca tramitó en octubre del 2013 una cesión de acciones de la empresa panameña Apololab Inc. en favor de María Luisa Ávila, exministra de Salud.

Ávila recibió cinco acciones por un valor facial de cien dólares, sin que mediara pago por ellas, según consta en los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Ese bufete Mossack Fonseca es el epicentro de la filtración de documentos realizada por el ICIJ, sobre movimientos de capitales a través de bancos y empresas offshore, es decir, en países ajenos al origen de las activi­dades que generan los dineros. Se trata de una poderosa firma legal panameña fundada en 1977 y entre cuyos clientes se cuentan evasores fiscales o narcotraficantes, entre otras figuras.

Mossack Fonseca cuenta con más de 40 oficinas en todo el mundo y ante la filtración de ICIJ sus voceros han destacado que la firma legal nunca ha sido acusada de conexiones con actividades ilegales.

Según los documentos, en setiembre del 2013 la junta directiva de la empresa Apololab, la cual es presidida por el costarricense Hans Ardón Camacho, acordó el otorgamiento de las cinco acciones para Ávila.

La exministra, quien actualmente funge como Jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños, manifestó al respecto que recibió esas acciones como “honorarios profesionales” (Ver recuadro).

Ávila también informó que Ardón vive en Panamá hace unos diez años y que “por ende esa empresa no es offshore”. Por otra parte, el empresario también preside la sociedad costarricense Apololab S.A., cé­dula jurídica número 3-101-665588. La doctora aclaró que solo tiene participación en la sociedad panameña. JUEGO DE FARMACÉUTICAS

De acuerdo con la información filtrada, en el 2007 Ardón Camacho y Mónica Lizano Povedano acordaron la venta de las acciones de las em­presas Bio-Trials S.A. (Costa Rica), Consultores Médicos Unidos con Re­cursos Especializados S.A. (CURE, también de Costa Rica), BioTrials SAC (también identificada como BT Perú), Biotrials Guatemala S.A. (BT Guatemala), BTS Latin America Inc. (Panamá) y BioTrials Ecuador, a las empresas radicadas en Carolina del Norte, Estados Unidos, Quintiles BT Inc. y Quintiles Latin America.

Esa transacción también fue tramitada por Mossack Fonseca y ambas personas poseían cada una el 50% de las acciones de las empresas vendidas y el valor de las acciones fue establecido, al menos en un ini­cio, en $4 millones, según consta en un borrador del contrato de compra que forma parte del material filtrado, fechado en octubre de ese año.

Específicamente, Quintiles Latin America adquirió una acción de BT Guatemala, BT Perú y BT Ecuador, mientras que Quintiles BT Inc. com­pró las restantes acciones de esas empresas y la totalidad de las accio­nes de BT Costa Rica y BT Panamá.

De acuerdo con su sitio web, Quin­tiles es una empresa farmacéutica estadounidense que se dedica a la producción de medicamentos gené­ricos y a llevar a cabo las diferentes etapas de prueba de medicamentos nuevos, entre otras cosas.

El mismo empresario Ardón Ca­macho, dos años después de que Ávila dejara su puesto de ministra, solicitó al bufete panameño Mossack Fonse­ca que se tramitara una emisión de acciones de la empresa panameña Apololab Inc. en favor de la exfun­cionaria.

En un correo fechado el 23 de setiembre del 2013, Ardón expresó a Rigoberto Coronado, abogado de ese bufete:

“Por el momento necesito que se emitan 5 acciones de 100, para María Luisa Ávila Agüero”.Han Ardón Camacho

El certificado correspondiente fue emitido al día siguiente y fue enviado a Ávila el 8 de octubre de ese año. Ese documento especifica que se trata de cinco acciones por un valor facial de $100 cada una.

Un hecho llamativo es que entre los documentos filtrados figura el acta de la sesión de junta directiva de Apololab Inc., realizada el 23 de setiembre del 2013, y en la que se da un cambio en la junta directiva, mediante el cual Ricardo Samanie­go, Hercibelle González y Yakeline Pérez cedieron sus puestos a Ardón, Vonnia Sánchez y Manuel Sánchez como presidente, secretaria y teso­rero respectivamente de la sociedad.

Al día siguiente, el 24 de setiem­bre, se realiza la sesión en la que se acuerda la cesión de acciones para la exministra Ávila, pero el acta con­signa a Samaniego y a una mujer de apellido Boutaud como presidente y secretaria “de la sociedad”, quienes firman tanto el acta como el certi­ficado.

No consta en esa acta que se trata de una transacción comercial o em­presarial por medio de la cual Ávila hubiera comprado las acciones.


 

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“No he recibido dinero generado por las acciones”

La Dra. María Luisa Ávila es es­pecialista en pediatría e infec­tología. Fungió como ministra de Salud durante el gobierno de Óscar Arias -del 2006 al 2010- y continuó en el puesto durante el gobierno de Laura Chinchilla hasta el 2011.

¿Desde cuándo conoce y tiene amistad o relaciones empresaria­les con el señor Ardón?

Conozco a don Hans, como desde el año 2000 más o menos, y entre no­sotros priva en primer término una relación de amistad.

¿Conocía que en el 2007 el señor Ardón junto a una socia vendieron varias empresas a las empresas farmacéuticas estadounidenses Quintiles Latin America y Quin­tiles BT Inc., por un valor total de $4 millones?

Sí, sabía de la venta, pero no conocía el monto.

¿Tiene conocimiento si en la rea­lización de esa transacción pesó el hecho de que se aprobara finalmente el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominica­na y Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés)?

No, eso no lo sé, ni tengo conocimien­to de ello.

¿A qué se dedica Apololab Inc.?

Es una empresa con vocación hacia la salud y cómo llevar a los usuarios mensajes tendientes a preservar la sa­lud, manejar mejor la enfermedad y el uso de los medicamentos, por medio de aplicaciones para uso en dispositivos electrónicos. Más o menos el 50% de la gente adulta que recibe medicamentos para enfermedades crónicas no tiene una buena adherencia a los mismos, y la idea es dar solución a este problema usando las bondades de la tecnología moderna. Además, el desarrollo de recetas electró­nicas para la compra de los medicamen­tos en las farmacias y de esta manera tener un mejor control del medicamento y facilitar que, si por ejemplo, usted está en Guanacaste, pero su médico es de San José y usted recibe un medicamento de uso crónico que requiere receta, se le pueda enviar por esta vía y usted no se quede sin el tratamiento.

¿Es esta empresa proveedora de cualquier producto o servicio al Es­tado costarricense?

No, la empresa, por lo que sé, no es proveedor del Estado Costarricense.

¿Adquirió usted las acciones de Apololab Inc. en su valor nominal?

No, no he pagado por ellas.

¿De no ser así, podría explicar por qué recibió ese paquete accio­nario?

Como parte del pago por honora­rios profesionales al brindarle a la empresa mi asesoría en Costa Rica o en otros países, en cuanto a los men­sajes relacionados con la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, o sea mis servicios profe­sionales como médica especialista en pediatría y en infectología, para el desarrollo de la plataforma de ser­vicios, por ejemplo en el uso correcto y racional de los antibióticos. Ya que como usted a lo mejor sabe, la resis­tencia antibiótica puede ser inducida por mal uso de los mismos, y en este momento es considerado un serio pro­blema de salud pública. Al momento no he recibido dinero generado por las acciones, o por pagos que la empresa me haya hecho.

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Gestiones para las empresas Coffee Drop Interna­tional Incorporated, Peninsula Papagayo Ventures y Caribbean Ventures & Investments Limited figuran en los documentos filtrados del bufete panameño que son parte de una investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ).

Entre los accionistas de esas empresas aparece la Hacienda Juan Viñas S. A., Jaime Manuel Jiménez So­lera, su papá Rodolfo Jiménez Borbón (vicepresidente de Florida Ice&Farm y accionista relevante de Grupo Nación), Solera Bennett S. A., Lionel Peralta Lizano y Alejandro Egea, además de las sociedades Rapipunto S. A. y Tequeiz S. A. ambas representadas por Manuel Francisco Jiménez Echeverría, actual presidente eje­cutivo de la empresa editorial Grupo Nación.

Para esta información no fue posible obtener res­puesta a los cuestionarios enviados a los correos elec­trónicos de algunos de los empresarios. Esto, a pesar de que estaban al tanto de las consultas, como se confirmó con llamadas a las oficinas de Rodolfo Jiménez Bor­bón (presidente de Hacienda Juan Viñas) y de Manuel Francisco Jiménez.

Las gestiones quedan documentadas, por ejemplo, en el intercambio de mensajes que sostuvo el abogado Andrés Waisleder Goldberg a cargo de los empresa­rios costarricenses y los representantes de la compañía Mossack Fonseca en Panamá o en las islas caribeñas.

En febrero del 2005 el abogado solicitó a Mossack Fon­seca cambiar, en Islas Vírgenes Británicas, el nombre de Peninsula Papagayo Ventures por Caribbean Ventures & Investment Limited y registrar como accionistas a Wings of Papagayo LLC y London Overseas Incorporated.

Waisleder Goldberg pidió que la junta de accionistas estuviera presidida por Rodolfo Jiménez Borbón, quien tendría los poderes generales. Después le aclaró que Peninsula Papagayo Ventures estaba ya constituida bajo las leyes de las Bahamas y que su deseo era pedir la inscripción en islas Vírgenes Británicas.

¿Por qué inscribir una sociedad bajo las leyes de Bahamas y para qué pretender inscribirse en islas Vír­genes Británicas? La respuesta no sale a la luz tras las revisión de documentos y tampoco se obtuvo mediante las preguntas enviadas a ellos.

Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas forman parte de un sistema conocido como paraísos fiscales, que consisten en jurisdicciones con sistemas fiscales muy favorables para establecer empresas que no tienen actividades industriales ni productivas y que funcionan como puentes de paso para operaciones financieras, o como depositarias de activos financieros y otros valores.

Las Islas Vírgenes Británicas son un protectorado de Gran Bretaña y según un estudio realizado a pedido del gobierno británico ahí se concentra más del 40% de todas las compañías offshore del mundo.

Un informe de la firma Offshore Incorporations, ubi­cada en Hong Kong, revela que un 65% de las compañías y fortunas personales de China que eligen servicios financieros en paraísos fiscales, lo hacen en las Islas Vírgenes Británicas.

En otro momento, el 28 de julio de 1999, los empresa­rios ticos habían registrado la compañía Coffee Drop International Incorporated en BVI mediante el bufete Gonzalo Fajardo & Asociados, con un capital autorizado de $50.000.

Después, el 20 de julio de 2001 resolvieron aumentar el capital a $166.244 con igual número de accio­nes y en enero de 2002 piden cambian la composición de la junta directiva con Alejandro Egea como presidente y Manuel Francisco Jiménez como vicepresidente, además de la tesorera Ana Saborío de la Espriella y Rodolfo Jiménez Borbón como “Director I”.

El 10 de octubre del 2002 el Depar­tamento de Corporaciones de Mos­sack Fonseca en Panamá escribe a una compañera suya en BVI, Rose­mary Flax, con el siguiente mensaje referido a Coffee Drop.

“Uno de nuestros clientes quiere saber si es posible que una autoridad de las BVI emita una certificación atestiguando que esta compañía pue­de o no puede descontar el pago de impuesto de renta corporativa que debería pagar en Costa Rica”.Mensaje dirigido a personal de Mossack Fonseca en islas Vírgenes el 10 de octubre del 2002

La respuesta sobrevino el día siguiente, firmada por Sonia Go­re-Holder, de Mossack Fonseca en BVI. “Los abogados no estaban en posición de aconsejar con respecto a las leyes de Costa Rica. (Pero) el Departamento de Ingresos Locales de BVI puede emitir un certificado de exención del pago de impuestos”.

Tampoco fue posible conocer si se giró tal certificado.

El Fresh Market.

En diciembre de 2007 también pi­dieron al bufete Mossack Fonseca crear en Panama la sociedad llamada Fresh Market de Centroamérica, de nombre igual a la cadena de tiendas de conveniencia de la que son dueños en Costa Rica.

La solicitud la hace Armando González Fonseca en diciembre de 2007 para colocarse él como presi­dente y su esposa, Flora Jiménez Borbón, como vicepresidenta. Sus hijos Carlos, Fernán y Armando González Jiménez también fueron incluidos como directores.

El capital de inicio fue por el mon­to de $12.000, pero no se evidencia en los documentos cuál era la actividad de la sociedad.

Sobre Fresh Market de Centroa­mérica S.A. se enviaron preguntas al director Carlos González Jiménez (abogado de profesión y viceministro de Hacienda en el gobierno de Abel Pacheco) a su oficina en la firma Gon­zález Uribe. Al cierre de esta edición, sin embargo, no teníamos respuesta a por qué el domicilio en Panamá o cuál es el objetivo de la sociedad.

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Archivos de Mossack Fonseca en Panamá

Costa Rica y las gambetas tributarias con empresas “de papel”

En la jerga de los abogados el término que se utiliza para definir los servicios que ofrece Mossack Fonseca es “planificación tributaria”.

Esta es la forma técnica de aludir a quienes idean estrategias para que las personas y empresas tomen ventaja de las debilidades y omisiones tributarias entre países con regímenes más formales y otros que, por sus mínimos controles financieros, su tolerancia al ingreso de flujos de dinero de origen difuso y su baja carga tributaria, son conocidos como paraísos fiscales.

Esta es –precisamente– la oferta profesional que los abogados del bufete Mossak Fonseca o Mossfon como se autodenominan en sus correoselectrónicos, realizan a sus clientes en Costa Rica y el resto del mundo. Así se evidencia, por ejemplo, en un correo electrónico que la abogada de Mossfon Trust Corporation, Stella M. Ortíz Ch. le escribió a Salvador Bolaños, gerente corporativo de Grupo Roble Internacional, en abril del 2007.

En su oferta de servicios la abogada de Mossfon Trust le puntualiza al gerente de Grupo Roble que puede proveerle de un servicio completamente administrado de sociedades anónimas y corporaciones en Panamá que incluye la provisión de nombres para ocupar los cargos de directores que requiere la ley y puede prepararle actas de esas sociedades “que reflejen la estructura del negocio para efectos legales y de registro”.

También le señala que puede ayudarlo a conseguir cuentas bancarias en Panamá y proveerlo de signatarios autorizados para esas cuentas.

La abogada panameña sugiere al gerente de Grupo Roble contratar, además, el “servicio completo de oficina virtual” que le permitirá “dar realidad” a la sociedad anónima adquirida en Panamá que incluye un número de teléfono y un buzón de mensajes que reenvía automáticamente los recados al cliente en Costa Rica.

El costo que Mossfon cobraba por este servicio, en 2007, era de $2.000 al año.

Los abogados ofrecían además el servicio de refacturación de todas las mercancías que salgan de Miami a Costa Rica. Este servicio de refacturación fue analizado en otro de los correos filtrados en donde, Ramses Owen -otro de los abogados de del bufete que atendía clientes de Costa Rica- escribe a sus jefes Ramón Fonseca y Jürgen Mossack ofreciendo su opinión legal sobre este servicio.

“Hay que tomar en cuenta que la re-facturación es algo ‘legal’, aunque podría ser interpretado como algo ‘legalmente inmoral para el fisco’”, puntualizaba Owens en un correo de octubre de 1998.

La oferta de Mossack Fonseca a Grupo Roble incluía, además, la posibilidad de crearle una “fundación de interés privado”.

En su argumento de ventas la funcionaria de Mossfon Trust Corporation, Stella Ortíz, le indica a Salvador Bolaños que esta figura legal es ideal para mantener confidencial la identidad de los dueños.

 “Lo ideal para mantener la confidencialidad e independencia de la sociedad panameña que vamos a incorporar con la operación en Costa Rica es que el accionista de esta sociedad panameña sea una Fundación de Interés Privado panameña completamente administrada y que, en el Reglamento de la Fundación, que es un documento privado, se nombre al beneficiario de esta Fundación”.

Stella Ortíz, funcionaria de Mossfon Trust Corporation

Y, para cerrar su propuesta con broche oro, la abogada de Mossfon indicó al gerente de Grupo Roble que tenía disponible el servicio de “Letrero del Mossfon Business Center” a un razonable precio de $1.000 al año.

“Como pudieron apreciar, contamos con un letrero en el Lobby del Mossfon Business Center en donde las sociedades que nosotros administramos pueden colocar un rótulo con el nombre de la sociedad a manera de consolidar la presencia física en Panamá de la operación. Con mucho gusto podemos colocar un rótulo para la sociedad que se incorpore y nuestros honorarios por este servicio serían de $1.000 al año”.

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Costa Rica y la cultura de los paraísos fiscales

La edición especial que presentamos hoy en UNIVERSIDAD es el resultado de cinco meses de trabajo de un equipo de reporteros, diseñadores y fotógrafos que se sumergieron en la mayor filtración de datos que exploró el periodismo nacional.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) suministró acceso a una gigantesca filtración de los archivos del bufete panameño Mossack Fonseca, que obtuvo el periódico alemán Süddeutsche Zeitung.

En Costa Rica, ICIJ compartió, en exclusiva, el acceso a esta información con UNIVERSIDAD y DataBase, unidad de investigación de AmeliaRueda.com. Cada medio investigó los datos de manera independiente.

Los hallazgos de esta investigación global fueron reporteados por 300 periodistas de todo el mundo y los publicamos a partir de hoy de manera simultánea en Le Monde, The Guardian, L’Espresso, BBC Panorama y la cadena de televisión UNIVISIÓN, entre otros.

El bufete Mossack Fonseca tiene oficinas en los principales paraísos fiscales del mundo y se presenta ante sus clientes como especialistas en crear “vehículos corporativos” para eludir el pago de impuestos.

Entre sus clientes aparecen personas del círculo cercano del presidente ruso Vladimir Putin, el rey Salman de Arabia Saudita y el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero.

La firma es investigada ahora por su relación con los escándalos por el pago de sobornos a políticos brasileños y españoles.

La filtración permitió el acceso a 74.958 documentos relacionados con Costa Rica, copia de 56.876 correos electrónicos, 9.858 imágenes en PDF, 3.851 imágenes en formato TIFF, 119
planillas de Excel y 511 documentos de Word.

Lo que revela este gigantesco mar de archivos no son necesariamente delitos, aunque, según especialistas consultados, algunos registros muestran conductas que rozan el ordenamiento jurídico.

Los archivos filtrados de Mossack Fonseca muestran un fenómeno de enorme interés público por sus consecuencias sociales, económicas y políticas, claves para entender la Costa Rica contemporánea.

La filtración desnuda el enorme esfuerzo, legal, económico, intelectual y logístico que realiza un grupo de políticos, empresarios y banqueros de Costa Rica para transferir su capital al extranjero, aprovechar ventajas fiscales domésticas y sortear al máximo el pago de impuestos en territorio costarricense.

Las actividades descritas en estos correos electrónicos, actas de junta directiva, transferencias y copias de las acciones para controlar empresas radicadas en paraísos fiscales son -en su mayoría- actos legales.

Pero vistos en conjunto son el retrato de una conducta social, de una cultura. Y resultan un buen insumo para explicar por qué en Costa Rica la evasión y elusión fiscal alcanzan el 8% del PIB, según un estudio efectuado por el Ministerio de Hacienda con la metodología de FMI.

Este fenómeno está íntimamente relacionado con otros temas vitales en la Costa Rica actual: el déficit fiscal y la recaudación tributaria.

Los invito a leer la primera entrega de esta investigación sobre la Costa Rica offshore.

Ernesto Rivera

Director

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